El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, señaló en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 2014 Venezuela es blanco de 930 medidas coercitivas unilaterales (MCU) “que han afectado severamente la actividad económica interna, el comercio exterior del país, así como el disfrute de los derechos humanos”.
La explicación sobre las afectaciones en materia de salud que enfrenta el país, fue realizada durante el evento sobre el impacto de las llamadas sanciones sobre el derecho al desarrollo y a la salud.
«Entre 2014 y 2022 el ingreso en divisas de Venezuela se contrajo en 90%, mientras que la caída de la producción petrolera supuso una perdida en ingreso de 232 mil millones de dólares”, indicó y precisó que como consecuencia de esta contracción la economía interna dejó de producir 642 millones de dólares desde 2015.
«Desarticuló el presupuesto nacional reduciendo los fondos destinados al sistema de protección social, salud, educación, seguridad social, servicios públicos y programas vulnerables”, apuntó.
Refirió que antes del colapso promovido por las MCU, el país cumplió de forma anticipada los objetivos del milenio. “Entre 1999 y 2012 el Sistema Público Nacional de Salud creció 400%”, resaltó y agregó que Venezuela pasó a ser el quinto país del mundo con la más alta matricula educativa, mientras que el 20% de los sectores ricos pasó a favorecer a los más pobres.
Denunció que el bloqueo de cuentas para la adquisición de vacunas para atender enfermedades y atención al Covid-19, así como el retiro del país de las 20 principales corporaciones farmacéuticas, fueron factor principal promovido por las acciones sancionatorias de Estados Unidos, lo que significó la muerte de personas “por causas que estaban bajo control”.
Cómo ejemplo de este impacto negativo puntualizó que entre 2017 y 2020 aumentó la mortalidad infantil, materno-infantil, así como los de otras enfermedades. Además, se paralizó la transferencia para adquirir vacunas, para atender a 2 millones 600 mil niños.
Aseveró que en 2015 el “aumento de sanciones fue desmedido”, la crisis produjo una situación de desabastecimiento, así como “la presión económica sobre personal del Sistema de Salud.” En 2018 se incrementaron las sanciones, agregó.
Finalmente, dijo que en 2023 se evidencia una recuperación de los indicadores de salud y una progresiva normalización en la afectación de los servicios, al tiempo que afirmó que, la recuperación será compleja, por lo que recalcó que es ineludible seguir luchando por el levantamiento del sistema sancionatorio contra Venezuela.
