Una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por siglas en ingles), utilizó bases de datos delicadas del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), creadas para rastrear terroristas, para investigar a unos 20 periodistas en el país norteamericano, incluida una reportera de The Associated Press (AP), ganadora de un Premio Pulitzer, según un organismo federal de supervisión.
La unidad llamada Counter Network Division, consultó expedientes de colaboradores legislativos y quizá de miembros del Congreso.
Según Jeffrey Rambo, un agente que reconoció haber verificado información sobre los periodistas en 2017, dijo a investigadores federales que la práctica es rutinaria. “Cuando un nombre es puesto en tu escritorio hay que verificarlo en todos los sistemas a los que se tenga acceso, es lo ordinario, es lo que todo mundo hace”, declaró.
Asimismo, la AP obtuvo una copia censurada de un informe de más de 500 páginas del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que incluyó la misma aseveración, pero con el nombre borrado de quien la hizo.
En este sentido, las revelaciones suscitaron alarma entre las organizaciones noticiosas y la exigencia de una explicación exhaustiva.
“Estamos preocupados profundamente sobre este abuso evidente del poder. Esto parece ser un ejemplo de periodistas etiquetados específicamente por simplemente hacer su trabajo, lo que infringe la Primera Enmienda”, señaló Lauren Easton, directora de relaciones de prensa de la AP, en un comunicado.
El descubrimiento es el ejemplo más reciente del uso del poder que las agencias federales hacen para examinar los contactos de periodistas y otras personas.
Este 2021, el secretario de Justicia, Merrick Garland, prohibió formalmente la confiscación de expedientes de periodistas en investigaciones filtradas, con limitadas excepciones tras revertir una política de años del departamento.
La medida fue adoptada debido a la indignación que suscitaron las revelaciones de que el Departamento de Justicia estadounidense, durante la administración de Donald Trump, había obtenido expedientes de periodistas, así como de miembros demócratas del Congreso y sus colaboradores y un exasesor de la Casa Blanca, Don McGahn.
