La última encuesta de la consultora Datum, realizada entre el 3 y el 7 de marzo, arroja que 75% de la población de Perú desaprueba la gestión de la presidenta designada, Dina Boluarte, y que la mayoría (83%) está de acuerdo en adelantar las elecciones.
El rechazo a la Presidenta alcanza 95% en el sur del país, epicentro de masivas protestas desde su designación por el Parlamento el 7 de diciembre de 2022, mientras que en la capital Lima la reprobación de su gestión se sitúa en 83%.
La consulta también registra que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tiene una desaprobación ciudadana de 72%.
El 74% de los peruanos considera que Boluarte debería renunciar a su cargo si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones generales.
Respecto al Congreso de la República, el rechazo asciende a 87% de los encuestados a nivel nacional.
La popularidad de Boluarte no mejora pese a ser la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado, pero el pueblo no le perdona que su ascenso al poder se haya hecho a costa de la destitución por el Congreso del presidente electo por voluntad popular, Pedro Castillo, a quien el reciente 9 de marzo dictaron 36 meses de prisión preventiva por presunta organización criminal y tráfico de influencias.
El 27 de febrero, un sondeo publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló un rechazo a la Presidenta designada de 77%, mientras que el Parlamento tuvo una desaprobación del 90% de los peruanos, siendo en el sur del país de 95%.
Desde diciembre del año pasado, las bancadas parlamentarias fracasan en su intento de llegar a un acuerdo sobre el contenido que debe tener un proyecto de ley que establezca la modificación de la Constitución para un adelanto de elecciones generales.
En los últimos meses, desde la asunción de Boluarte el 7 de diciembre de 2022, se incrementa el número de protestas en todo el país, con una serie de exigencias, como la renuncia de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Más de 60 personas engrosan la lista de fallecidos por la represión policial y militar contra las acciones de calle, que además dejan más de 1.300 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
