Redacción Fuser News con información de Últimas Noticias
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se avocó al conocimiento del expediente de cinco militares acusados de planear un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según sentencia 098 redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela.
Como consecuencia del avocamiento, los magistrados anularon una sentencia de la Corte Marcial por carecer de motivación al momento de responder las denuncias interpuestas por los abogados del grupo de acusados relacionadas con una “insuficiencia probatoria” presentada desde el Ministerio Público durante el juicio.
“La necesidad de motivar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico”, refirieron los magistrados.
Los militares procesados, de acuerdo con el expediente, son los tenientes coroneles Ygbert José Marín Chaparro (1° comando del 312 Grupo de Caballería Motorizada “G/B Juan Pablo Ayala”); Juan Carlos Peña Palmentieri; Deibis Esteban Mota Marrero (1° comandante del 413 Batallón Blindado “G/D Pedro León Torres”) y Víctor Eduardo Soto Méndez (1° comandante del 913 Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil “G/J José Laurencio Silva”).
Los militares fueron capturados en marzo de 2018 luego que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digecim) descubriera su vinculación con el denominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Tenían planeado difundir un video donde se pronunciaban contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La investigación de la Digecim arrojó que los militares guardaban vinculación con el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Miguel Rodríguez Torres, actualmente preso por presunta instigación.
El Juzgado Militar 1° de Juicio condenó a los cinco oficiales a cumplir 7 años y seis meses de prisión tras encontrarlos culpables del delito de instigación a la rebelión, según sentencia del 16 de diciembre de 2020.
Sin embargo, hace tres semanas la Sala Penal solicitó el expediente para revisión y encontró violaciones al debido proceso y garantías constitucionales, por lo que ordenó que una nueva Corte Marcial revise las denuncias de los militares y emita un pronunciamiento.
