Tribunal de Bolivia declaró en rebeldía a Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación del Gobierno de facto de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.
#ANF Juan José Jauregui, diputado del MAS, pide a Interpol activar el sello azul para la exministra Roxana Lizárraga tras declararla rebelde por el caso gases de Ecuador. Vía: ArminCopa pic.twitter.com/H6vcHpCmBJ
— Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) March 24, 2022
La declaratoria contra la integrante del Gabinete de Áñez se produjo durante la audiencia judicial de medidas cautelares realizada por un juez de instrucción penal de La Paz.
Lizárraga fue citada por la Fiscalía boliviana para declarar en el marco de las investigaciones que se desarrollan por la importación ilegal de armamento no letal para los sucesos que originaron el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
La exministra de Comunicación del #Gobierno de facto boliviano🇧🇴 de @JeanineAnez, Roxana Lizárraga, fue declarada en rebeldía durante la audiencia judicial de medidas cautelares realizada por un juez de instrucción penal de #LaPazhttps://t.co/k5xsyIU8Tb
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De acuerdo al fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, la imputada no asistió a la audiencia ni se justificó, por lo que la autoridad jurisdiccional valoró los extremos y la declaró en rebeldía.
El fiscal Alave puntualizó que: “Hoy (miércoles) se realizó la audiencia de medidas cautelares a las 14:00 horas en contra de la exautoridad y al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos, como dispone la norma, la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía”.
La exministra del Gobierno de facto es investigada por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes al establecerse que existen indicios de que facilitó que agentes químicos de Ecuador ingresen al país.
El fiscal coordinador anticorrupción a cargo del caso, Eddy Flores, recordó que la pesquisa contra la exfuncionaria estatal comenzó porque se determinó que el 15 de noviembre de 2019, en el inicio del período abierto por el golpe de Estado, tuvo una reunión en el Palacio de Gobierno con la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez y los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.
De acuerdo a la versión acusatoria del fiscal, Lizárraga hizo una llamada telefónica a un funcionario policial de la República del Ecuador en aquella ocasión, cuando se habría acordado que ese país facilitara armamento antimotín consistente en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, de acuerdo con la prensa internacional.
