El Tribunal Constitucional (TC) de España prohibió este martes que el Parlamento vote y apruebe dos enmiendas que permitirían reformar el procedimiento por el que se renuevan los magistrados del propio ente judicial, así como la reforma del Código Penal.
La decisión, que no tiene precedentes en el país, fue aprobada por seis votos del bloque conservador contra cinco del bloque progresista. Por primera vez en 44 años de democracia, el alto tribunal decidió detener una ley en trámite a petición de una minoría parlamentaria.
El TC recibió un recurso de amparo contra la tramitación de dos reformas del Poder Judicial, interpuesto por el Partido Popular (PP), principal grupo de posición, que va en contra de las propuestas impulsadas por los grupos en el Gobierno y avalada por la mayoría parlamentaria.
El alto tribunal admitió el trámite del recurso y decretó la medida cautelar solicitada, en la que la oposición solicitaba paralizar la votación en el Congreso y en el Senado.
Tras conocer la decisión sobre el recurso, el Senado anunció que continuará con la tramitación de la proposición de ley, que incluye la eliminación del delito de sedición, sustituyéndolo por otro de desórdenes públicos agravados, y la reforma del delito de malversación.
Argumentos
Luego del decreto de las medidas cautelares que paralizaron la votación en el Senado, el recurso de amparo se dirige contra una decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados.
Un total de 183 legisladores están a favor de la reforma, representando la mayoría del arco parlamentario, incluyendo a las dos formaciones políticas que integran el Gobierno y que impulsaron la reforma. Los partidos argumentaron que es inverosímil que el Tribunal Constitucional se inmiscuya en las labores del Parlamento.
Este problema proviene desde el 2018, luego que caducara el mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Desde entonces el Partido Popular se niega a negociar su renovación, que necesita del acuerdo de dos tercios de los parlamentarios, por lo que su concurso es imprescindible.
Al no ser renovados los miembros, el Senado optó por la reforma que ha originado la actual polémica. Esta renovación tiene cuatro puntos fundamentales: El establecimiento de una fecha límite, responsabilidades penales, cambio en el sistema de elección y el visto bueno a los nuevos candidatos elegidos para integrarlo.
Si la iniciativa hubiera salido adelante tras la luz verde del Congreso de la semana pasada, el Gobierno habría asegurado la toma de posesión de sus dos candidatos más uno progresista y uno conservador nombrados por el CGPJ.
Previamente, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, advirtió que la amenaza del Tribunal Constitucional (TC) al poder legislativo persiste, porque podría suspender la reforma que desbloquea su renovación antes de que se complete el trámite en el Senado.
El presidente de España, Pedro Sánchez, calificó de «situación inédita» el «bloqueo de la renovación de los jueces del CGPJ y del Tribunal Constitucional» que se ha mantenido a lo largo de más de cuatro años.
«Por primera vez se impide a los representantes legítimos de los españoles que realicen su labor», dijo Sánchez sobre unos «hechos que no tienen precedentes en la historia democrática» del país.
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En la actualidad, el Tribunal Constitucional se encuentra compuesto por 10 miembros, encontrándose cinco identificados con la derecha española y la otra mitad con las fuerzas del progresismo del país ibérico.
