Hace ocho años los grupos ultranacionalistas ucranianos perpetraron uno de los crímenes más terribles contra la población prorrusa en Odesa (Ucrania), dejando una herida abierta por la inacción de la justicia para capturar y sentenciar a los culpables.
El 2 de mayo de 2014, en medio del golpe de Estado contra el presidente Viktor Yanukovich y las protestas a favor y en contra del Euromaidán, partidarios del grupo neonazi Pravy Sektor y algunos hinchas ultras de equipos de fútbol atentaron contra un campamento de activistas que se oponían al cambio de Gobierno y defendía la constitucionalidad y la democracia.
Los disturbios duraron más de seis horas. Los participantes usaron armas de fuego, cócteles Molotov, cuchillos, hachas, palos de madera y piedras contra las personas desarmadas en la plaza Campo de Kulikovo, acción que resultó con el asesinato de seis manifestantes prorrusos.
Algunos manifestantes intentaron escapar de las arremetidas de los grupos neonazis y se dirigieron hacia la Casa de los Sindicatos, pero el lugar fue atacado con bombas molotov e incendiada. Esta acción derivó en la muerte de 48 personas y causó más de 200 heridos, según los datos oficiales, aunque cifras de la oposición sostienen que hubo 116 fallecidos.
En medio del fuego y la asfixia por el humo en el edificio de los Sindicatos, varias personas intentaron escapar a través de las ventanas, pero muchos fueron heridos por los manifestantes que se mantenía a las afueras de las instalaciones. Algunos de los cuerpos encontrados dentro presentaban heridas de bala.
Para los habitantes de la localidad ucraniana conmemorar a sus muertos será imposible este 2022, porque las fuerzas militares del país impusieron un toque de queda que rige desde el 1 de mayo en la noche hasta el 3 de mayo en la mañana.
Hasta la fecha, la tragedia de Odesa continúa sin que un solo criminal haya sido procesado. En 2014 se intentó inculpar a los manifestantes prorrusos que fueron heridos por los ultranacionalistas, pero en 2017 se demostró que la investigación estuvo viciada por los fiscales.
El jefe del Ministerio del Interior de la región, Dmitri Golovín, afirmó en enero de 2017 que muchas pruebas del crimen se perdieron en el mismo 2014.
