El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) de Estados Unidos (EE.UU.) reveló en su revisión anual que la política norteamericana falló el 35% de intentos de ejecución realizados este año.
De acuerdo con el medio The Guardian, varios reclusos agonizaban mientras los funcionarios intentaban asegurar una vena a través de la cual pudieran inyectar drogas letales, lo que llevó a los abogados a describir el proceso como una forma de tortura.
Estados Unidos falló el 35% de los intentos de ejecución este año. Denuncian muertes agónicas “mientras los funcionarios intentaban asegurar una vena”, abogados describiendo los procesos como tortura, violaciones de protocolos… https://t.co/mxey2ZzYoB
— Helena Villar (@HelenaVillarRT) December 16, 2022
Indica el medio que otros procedimientos se llevaron a cabo en violación de los protocolos estatales y algunos siguieron adelante a pesar de que había defectos en esos mismos protocolos.
Siete de 20 intentos de ejecución podrían interpretarse como fallidos, una elevada tasa de ejecuciones problemáticas que apunta a una creciente tormenta sobre la práctica de las inyecciones letales, el método dominante de ejecuciones judiciales en la nación norteamericana que este mes llega a 40 años desde su primera aplicación.
El 7 de diciembre de 1982 se aplicó en Texas la primera inyección letal al convicto Charles Brooks a quien se le administró una dosis letal de tiopental sódico, una droga derivada del ácido barbitúrico.
“Después de 40 años, los estados han demostrado ser incapaces de aplicar inyecciones letales sin correr el riesgo de que se estropeen”, declaró Robert Dunham, director ejecutivo de DPIC y agregó que “las familias de las víctimas y los presos, otros testigos de ejecución y el personal penitenciario no deben sufrir el trauma de una ejecución que salió mal”.
Torturas
Los verdugos en Alabama, Arizona y Texas fallaron en los procedimientos al tratar de asegurar las venas de los prisioneros. En las últimas tres ejecuciones seguidas en Alabama se hubo intentos fallidos, la prensa estadounidense reseñó la ejecución en julio de Joe Nathan James, en la que hubo una lucha de tres horas para colocar una vía intravenosa.
Las siguientes dos ejecuciones, de Alan Miller y Kenneth Smith, fueron canceladas porque el equipo de ejecución no pudo encontrar una vena que funcionara antes de que expirara la sentencia de muerte, por lo que en noviembre, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, detuvo todas las ejecuciones en el estado mientras se llevaba a cabo una “revisión de arriba a abajo”.
Sin embargo, Ivey señaló en un comunicado que la razón por la que el Estado no ejecutó a los hombres fue por las maniobras legales y no por los empleados de la prisión estatal.
“No compro ni por un segundo la narrativa impulsada por los activistas de que estos problemas son culpa de la gente de Correccionales o de cualquiera de las fuerzas del orden, para el caso. Creo que las tácticas legales y los criminales que secuestran el sistema están en juego aquí”.
Por otra parte, la ejecución en mayo de Clarence Dixon en Arizona terminó en “un desastre sangriento, refieren medios locales que los verdugos intentaron colocar la vía intravenosa durante 25 minutos y recurrieron a realizar un «corte» no autorizado, cortándole la ingle para llegar a una vena.
Al mes siguiente, la incapacidad de Arizona para colocar los tubos de inyección letal resultó en un “espectáculo surrealista”, como lo describió el Arizona Republic . El prisionero, Frank Atwood, aconsejó al equipo IV sobre cómo encontrar una vena adecuada en su cuerpo para que pudieran matarlo.
En otros procedimientos fallidos, las autoridades de Idaho, Ohio, Tennessee y Carolina del Sur se vieron obligadas a suspender temporalmente las ejecuciones después de que no pudieron cumplir con los protocolos estatales.
Drogas letales
La revisión anual del Centro de Información sobre la Pena de Muerte muestra el velo utilizado por los estados que imponen la pena de muerte para evitar la rendición de cuentas como factor clave en todos los procedimientos fallidos.
“Tres estados, Idaho, Florida y Mississippi, introdujeron nuevas leyes que oscurecen aún más la forma en que se llevan a cabo las ejecuciones, incluida la ocultación de la fuente de sus drogas letales para eludir el escrutinio judicial”, según The Guardian.
No obstante, mientras que las inyecciones letales parecen encaminarse hacia una crisis en su 40 aniversario, la pena de muerte en Estados Unidos continúa marchitándose, aunque técnicamente 27 estados todavía tienen el castigo máximo en sus libros, en la práctica solo seis (Alabama, Arizona, Oklahoma, Mississippi, Missouri y Texas ) ejecutaron prisioneros este año.
Las 18 ejecuciones que se completaron en 2022 y las 22 nuevas sentencias de muerte se encuentran entre las más bajas de cualquier año desde 1991.
La gobernadora de Oregón, Kate Brown, indicó al respecto la intención de sustituir la pena de muerte de los 17 reclusos condenados en el estado por cadena perpetua sin libertad condicional.
Si bien las cifras de los titulares pueden tener una tendencia a la baja, los problemas sistémicos de la pena de muerte continuaron estando fuertemente expuestos este año.
En 2022, los reclusos condenados a muerte Samuel Randolph en Pensilvania y Marilyn Mulero en Illinois, fueron exonerados destacando los peligros que corren los inocentes. Según las cifras del DPIC, eso eleva a 190 el número total de prisioneros condenados a muerte exonerados desde 1973.
