El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), de Panamá, expresó su rechazo a las amenazas realizadas por el presidente Laurentino Cortizo tras las protestas y manifestaciones contra el contrato minero.
Los sindicalistas informaron que presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Gobierno panameño garantizar el derecho a la asociación y manifestación, en especial a los 14 miembros de la junta directiva.
Además, señalan que tanto Cortizo, como el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, acusaron a los gremialistas de tener «agendas ocultas que buscan desestabilizar el país.»
El Suntracs solicita a la Comisión que el Estado panameño adopte las medidas que garanticen el libre ejercicio del derecho de manifestarse en el país.
Afirman que las amenzas de Cortizo y su Gobierno llegan luego que la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y dirigentes de algunos de otros bastiones de lucha de los grupos originarios cerraron el jueves por 24 horas de manera continua a nivel nacional, acción que anunciaron repetirían el lunes 20 de noviembre.
Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM).
El contrato le otorga a la minera una concesión por 20 años prorrogables, para explotar casi 13.000 hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.
Hasta el pasado fin de semana más de 1.000 personas participantes de las protestas fueron detenidas, entre ellos, 134 menores de edad, bajo acusaciones e vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.
Los manifestantes exigen que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley.
