La Asamblea Legislativa de El Salvador, promulgó este martes, con un total de 64 votos a favor, una ley para construir nuevas cárceles, como parte de la política antiarmas del presidente Nayib Bukele, decisión que fue rechazada por diversos sectores políticos y de la sociedad civil salvadoreña.
Según la disposición legal, su objetivo es «establecer el marco regulatorio para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad», refiere Telesur en su portal web.
Expropiación de inmuebles
La normativa constituirá la causa del aumento de las contravenciones a las propiedades de la ciudadanía, puesto que autoriza la expropiación de inmuebles para construir centros penitenciarios, destacan especialistas en derecho.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte posee la facultad de “declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios”.
“Esta ley concede amplias facultades al Ejecutivo y podría utilizarse para fomentar actos de corrupción”, acotó el jurista de la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Jonatan Sisco.
Cerca de 14 mil supuestos criminales han sido detenidos desde el comienzo del estado de excepción implantado por el mandatario salvadoreño el pasado 27 de marzo, con el pretexto de combatir la escalada de violencia experimentada en el país. Sin embargo, una gran parte de la sociedad civil lo aprecia como una limitación a sus derechos y libertades fundamentales.
