Con gas lacrimógeno y agua con agentes químicos, la policía de Chile reprimió a los ciudadanos que marcharon el martes en Santiago, la capital del país, en el marco del tercer aniversario del inicio del estallido social de 2019.
Unas 50 personas fueron detenidas durante la jornada de protestas y llevadas a distintas comisarías, según diversos reportes periodísticos y un recuento de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).
Los medios de comunicación informaron que además de los manifestantes, los carabineros agredieron a varios periodistas que daban cobertura a la manifestación y detuvieron la comunicadora Carolina Trejo, que “no ha sido llevada todavía” a ninguna comisaría de la policía de Santiago.
No son imágenes del #EstallidoSocial del 2019, son de hoy #18DeOctubre de 2022. A tres años, la represión sigue intacta. Impresentable e incomprensible. Finalmente nada ha cambiado! Cómo se explica Ministra @Carolina_Toha que usen las mismas prácticas de Piñera? pic.twitter.com/mSXTjUeTA3
— Daniel Jadue (@danieljadue) October 19, 2022
El subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, declaró por su parte que las personas que salieron a la calle esta jornada no lo hicieron para “conmemorar nada, no a luchar por ninguna causa, sino a cometer delitos que nosotros rechazamos».
El presidente chileno, Gabriel Boric, quien fue un dirigente estudiantil y que en el pasado respaldó este tipo de manifestaciones, ofreció un discurso desde la casa de La Moneda, sede del Ejecutivo, donde se preguntó: «¿por qué tanto destrozo, tanto enojo, tanto desborde?».
Aumento del pasaje
El factor detonante del estallido social fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019.
El gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decidió en aquel momento, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente).
A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el medio de transporte masivo, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.
En medio de esta ola de protestas murieron 33 personas, más de 400 resultaron con heridas oculares y se registraron más de 3.100 querellas por violaciones a los derechos humanos por la represión policial.
Este año, ahora con el Gobierno de Boric, las principales demandas ciudadanas en mejoras de salud, educación, jubilaciones y más viviendas, siguen sin respuesta y la represión impera en las manifestaciones con un doble rasero entorno a los derechos humanos por parte del jefe de Estado.