El Consejo Constitucional de Francia aprobó el polémico artículo del proyecto de ley de reforma de las pensiones, que establece un aumento gradual de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030.
En cambio, los consejeros rechazaron seis cláusulas del proyecto, incluida la de multar a las empresas que se nieguen a contratar a personas mayores de 55 años.
Tampoco aprobó disposiciones para la jubilación anticipada de funcionarios en determinadas situaciones; condiciones especiales de empleo para las personas en edad de prejubilación; organizar la cobertura de las cotizaciones a la seguridad social; un régimen especial para los trabajadores de ciertas profesiones; y una herramienta de información sobre el sistema de pensiones.
Asimismo, el Consejo reprobó la demanda de los partidos de izquierda de celebrar un referéndum para impugnar la reforma.
El aval constitucional al proyecto inmediatamente encendió las protestas en las calles del país europeo. En París, incluso antes de hacerse público el dictamen, varios grupos de manifestantes se congregaron frente al Ayuntamiento, con pancartas en las que se leían mensajes como «no habrá fin a las huelgas hasta que se retire la reforma». De hecho, los sindicatos habían advertido de que continuarían las movilizaciones, independientemente de la decisión del Consejo.
Sin opción a apelación
Tras esta decisión, la ley de reforma de las pensiones será promulgada por el presidente Emmanuel Macron dentro del plazo de dos semanas.
Las sentencias del Consejo Constitucional no admiten apelación y, según el artículo 62 de la Constitución francesa, son vinculantes para todas las autoridades públicas, órganos administrativos y judiciales.
La semana pasada, durante la visita de Macron a China, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, se reunió con líderes sindicales para negociar y suavizar las protestas, pero en menos de una hora, los sindicatos abandonaron el palacete de Matignon y calificaron el encuentro de un «fracaso».
Desde el 10 de enero, cuando Borne presentó el proyecto de reforma de las pensiones, se han realizado ya varias huelgas generales en Francia como medida de presión para suspender la propuesta, cada una de las cuales reunieron más de un millón de participantes y estuvieron acompañadas de enfrentamientos con la policía.
El mes pasado, el presidente francés impuso su reforma del sistema nacional de pensiones recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar sin voto parlamentario un proyecto de Ley.
