El personal del Centro Federal de Detención de Miami (FDC Miami), en Estados Unidos (EE.UU.), denuncia que las personas que se encuentran recluidas en el recinto carecen de tratamiento médico básico debido a la grave escasez de trabajadores.

Estiman que entre el 30 y el 50 por ciento de los puestos médicos de FDC Miami están actualmente vacantes, según refiere el diario Miami News Times.

Mary Melek, delegada del sindicato local, agrega que la prisión tiene escasez de mano de obra en casi todos los departamentos, especialmente entre administradores de casos, guardias y profesionales médicos.

Según la vocera, son múltiples los factores que llevaron a la escasez de personal, desde la pandemia hasta la congelación de las contrataciones federales de la era de Donald Trump (expresidente estadounidense) y el aumento del costo de vida en Miami.

Ella dice que estos factores han creado una situación peligrosa e insostenible tanto para los reclusos como para el personal.

¿Buscando soluciones?

El portavoz de la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Benjamin O’Cone, dice que su despacho está buscando remediar la problemático en torno al recurso humano.

«A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, hemos manejado nuestros niveles de personal para mantener la seguridad de nuestro personal y los reclusos, al mismo tiempo que brindamos oportunidades apropiadas para que los reclusos mejoren su reingreso exitoso a la comunidad después de su liberación», indica O’Cone, al tiempo que aseguró estar «buscando activamente cubrir los puestos vacantes».

Sin tratamientos ni seguimientos de registros

Por otra parte, Mary Melek refiere que los reclusos que necesitan medicamentos a veces pasan días y semanas sin recibir tratamiento porque no hay suficiente personal médico para verlos, ni administradores de casos para realizar los registros.

Los administradores de casos tienen la tarea de evaluar y manejar a los reclusos desde el momento en que llegan a la prisión hasta el día de su traslado o liberación. Se aseguran de que se satisfagan las necesidades de los reclusos y los inscriben en programas, como capacitación laboral y educación, para ayudarlos a reinsertarse en la vida civil cuando sean liberados.

Estas personas deben realizar un seguimiento de 200 a 350 reclusos, cuando antes se encargaban solo de 150, antes de la pandemia. Debido a que un recluso puede tardar días o semanas en reunirse con un administrador de casos, los reos se encuentran perdiendo plazos de inscripción cruciales en programas de capacitación por causas ajenas a su voluntad.

«En las correccionales, se supone que debemos ‘corregir’ a las personas ayudándolas y brindándoles programas», argumenta Melek. «Pero si no podemos inscribir a los reclusos lo suficientemente rápido, aumenta la reincidencia y perjudica sus posibilidades de éxito en la liberación», agregó.

En algunos casos, explica, los reclusos quedan en confinamiento solitario por más tiempo del que deberían, o pierden las fechas de transferencia fuera de la prisión porque sus administradores de casos están muy abrumados.

Violación de derechos humanos y civiles

El mes de abril, un miembro del personal de FDC Miami presentó una queja de derechos civiles ante la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de EE.UU., alegando graves violaciones de los derechos civiles, ya que los reclusos se ven privados incluso de sus necesidades básicas debido a la crisis de personal.

«A los reclusos que son diabéticos, hipertensos, con cardiomiopatía y VIH no se les está proporcionando su medicación. Se informó que quedan más de 750 recetas sin surtir», se lee en la denuncia, que fue obtenida por Miami New Times.

Asimismo, refiere que «en los baños varias duchas no funcionan ni el agua caliente, no hay papel higiénico ni jabón en barra, ropa de cama, toallas, toboganes de ducha así como máscaras para protegerse de la exposición al Covid-19 entre otras fallas.»

La Oficina del Inspector General respondió a la denuncia, afirmando que no podía abrir una investigación y recomendando que el empleado volviera a presentar la denuncia ante el Departamento de Asuntos Internos de la Oficina de Prisiones.

Drogas para automedicarse

O’Cone cuestiona las afirmaciones de Melek sobre una crisis de personal y una atención médica inadecuada, asegurando que «los reclusos en la BOP, incluido FDC Miami, tienen acceso diario y regular a la atención médica. La BOP brinda servicios médicos, dentales y de salud mental esenciales de manera consistente con los estándares comunitarios aceptados para un entorno correccional».

El vocero de la BOP destaca que «cada recluso es tratado de forma independiente caso por caso, y el tratamiento se brinda según lo clínicamente indicado, incluidas las remisiones a especialistas en la comunidad local. Las citas con especialistas en la comunidad están sujetas a la misma disponibilidad de horarios que se brinda a los miembros de la comunidad».

Entretanto, la delegada del sindicato local señala que las tensiones en FDC Miami están aumentando debido a que la falta de atención básica lleva a algunos reclusos a recurrir a las drogas ilícitas para automedicarse.

Eric Speirs, presidente del sindicato de trabajadores penitenciarios de FDC Miami, comentó que además de la escasez de personal médico y administrativo, el problema se extiende a los guardias y al personal de transporte.

Speirs explica que a los guardias que no tienen la Certificación básica de transporte penitenciario (BPT) se les ha ordenado que acompañen a los reclusos en los viajes al hospital, «una violación de la política penitenciaria», subraya.

«Esto puede ser peligroso para el personal y el público en general ya que los oficiales no certificados no tienen la capacitación para tratar con reclusos de alta seguridad en un entorno hospitalario», enfatizó.

En una carta en respuesta a la queja, Carlton admitió que la lista de personal de BPT estaba agotada y que la administración necesitaba trasladar personal para cubrir la emergencia de personal.

Los familiares de los reos denuncian que las cárceles no se preocupan «por los derechos humanos de los reclusos».