Este lunes se instaló en Bolivia la tercera sesión del juicio por la vía ordinaria contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, que viene tramitándose desde el pasado mes de febrero.
En este proceso judicial se encuentran ocho acusados, además de la exmandataria de facto, cuyos abogados presentaron en la jornada incidentes y excepciones con la intención de anular la vía ordinaria del juicio por sus responsabilidades ante los hechos del 2019 a los que fue expuesto el pueblo boliviano.
Entre las objeciones presentadas, destaca la solicitud de realizar de manera presencial y no virtual las sesiones como viene sucediendo. Además, plantean que el auto de apertura del proceso es una copia de la acusación de la fiscalía contra los imputados y que, por eso, debe también anularse el mismo, de acuerdo con la prensa local.
Luego de varias interrupciones, el proceso de audiencia virtual se suspendió la semana pasada donde estaba pautado resolver los incidentes legales presentados por el grupo de abogados.
Víctimas del gobierno de facto
Por su parte, la líder de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata en Bolivia, Gloria Quisbeth, rechazó el estancamiento del juicio contra la exmandataria. “Hasta el momento, ella no está siendo juzgada por las muertes durante su gobierno”, dijo.
Quisbeth manifestó “pena”, en relación con los familiares de cerca de 36 víctimas fatales de armas de fuego en Sacaba, Cochabamba, Senkata, departamento de La Paz y Yacapaní en Santa Cruz.
A través de su cuenta en Twitter, Iván Lima, Ministro de Justicia de Bolivia, reiteró que la nación suramericana evalúa junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las «graves violaciones» de los derechos humanos durante el gobierno de facto.
El cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia se verificarán en la #MESEGBolivia. El trabajo constructivo con el Relator para nuestro país @JoelHernandezG dará frutos a favor de las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de facto. https://t.co/Eo9ksLDVrI
— Ivan Lima Magne (@ivanlimamagne) March 28, 2022
“No hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes”, declaró al tiempo que reiteró que esos crímenes constituyen una obligación del Estado para que se esclarezcan.
Jeanine Áñez es acusada por 15 transgresiones a la ley y a la Constitución de Bolivia durante su proclamación como jefa de Estado en noviembre de 2019, junto a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como los jefes policiales y militares, todos enfrentan delitos de insurrección, conspiración y terrorismo en la causa llamada Golpe de Estado I.
