Un juez británico dictaminó que el príncipe Harry podría demandar al Gobierno de Reino Unido por sus arreglos en materia de seguridad, luego de que él y su esposa, la actriz Megan Merkle, decidieran abandonar la familia real.
Harry y su familia perdieron la protección policial pagada por los contribuyentes cuando renunciaron a sus funciones como miembros de la corona y se radicaron en América del Norte en 2020.
La decisión fue resultado de las continuas «intromisiones insoportables y actitudes racistas de los medios británicos» y de algunos de sus familiares, aseguraron.
El duque de Sussex, como también es conocido, quiere poder pagar su protección porque el equipo de seguridad privado que tiene en Estados Unidos (EE.UU.) carece de jurisdicción en el exterior y acceso a la inteligencia británica, pero el gobierno está negado a permitirle esto.
Sus abogados dijeron que el príncipe está renuente a viajar con sus hijos —Archie, de 3 años, y Lilibet, de un año— al país debido a la falta de seguridad.
Swift explicó que el caso puede ir a una audiencia completa en el Tribunal Superior de Londres. Acotó que Harry tiene algunos motivos que “dan lugar a un caso discutible” que merece una audiencia.
