El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que no cumplirá el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reponer los fondos que hace dos años le fueron recortados a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales precandidatos presidenciales de la derecha.
El dictamen fue anunciado este miércoles y celebrado como una victoria por la oposición a Fernández. El expresidente Mauricio Macri, afirmó que «se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca».
Al día siguiente, Fernández se reunió con 14 de los 24 gobernadores del país y anunció que no acataría la resolución por ser de «imposible cumplimiento», lo que ha desatado una nueva crisis política en el país, incluyendo denuncias penales y hasta la amenaza de un juicio político.
El problema de fondo es el enfrentamiento que sostiene el Poder Ejecutivo con la Corte Suprema que es opositora, que a juicio del oficialismo, funciona de manera irregular, con partidismos e intereses políticos y sin respetar la división de poderes.
COMUNICACIÓN
Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento ⬇️https://t.co/l7TFGKIHCU pic.twitter.com/CBXfonGBkG
— Casa Rosada (@CasaRosada) December 22, 2022
Decreto
La disputa tiene su origen en un decreto firmado por Fernández en septiembre de 2020 para reducir los recursos que la capital obtenía gracias a un fondo de Coparticipación Federal, un sistema de recaudación y distribución de impuestos.
El recorte representaba alrededor de 30.000 millones de pesos anuales (unos 400 millones de dólares de ese momento) que beneficiaban a Buenos Aires, el distrito más rico del país, y a partir de entonces los recursos se redistribuyeron a otras provincias.
Rodríguez Larreta interpuso un amparo para impugnar la medida y, finalmente, el miércoles la Corte Suprema le dio la razón y ordenó al Gobierno reponerle esos fondos a la capital.
Rebeldía
«Estamos frente a un choque de poderes», aseguró el presidente durante una entrevista con el canal C5N en la que consideró que el fallo contradice a la Constitución, que no menciona a la ciudad de Buenos Aires como beneficiara de los fondos de coparticipación.
«Los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder. Esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia», explicó.
El presidente adelantó que apelará la sentencia, porque el Gobierno nacional ya tiene aprobado y distribuido un presupuesto que no contempla fondos extraordinarios que tendrían que obtenerse con aumentos o creación de impuestos o con endeudamiento.
Sugirió, además, que quizá esta es la forma en la que la Corte quiere financiar la campaña presidencial de Rodríguez Larreta.
Amenaza de juicio político
«El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia», acusó este viernes Rodríguez Larreta al anunciar que denunciará a Fernández y a todos los organismos que incumplan el fallo.
Cumplir la Constitución no es opcional. BASTA de atropellos. BASTA de impunidad. BASTA de violar la Constitución. pic.twitter.com/WtYNifTo7i
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 23, 2022
Los diputados Mario Negri y Graciela Ocaña, miembros de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, de la cual forma parte Larreta, advirtieron que existen las condiciones para iniciar un juicio político en contra de Fernández por desobedecer a la Corte Suprema.
Alberto Fernández se está alzando contra una sentencia de la Corte Suprema y comete el delito previsto en el art. 230 inciso 2 del Código Penal.
Además atenta contra el sistema democrático, tal como lo fija la Constitución en el art. 36.
Es pasible por esto de JUICIO POLÍTICO
— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 22, 2022
La excandidata presidencial Elisa Carrión, también integrante de esta coalición, señaló que interpondrá una denuncia contra el mandatario por los supuestos delitos de «alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público».
