Un grupo de 79 fiscales y subprocuradores del Ministerio Público Federal enviaron al procurador general de Brasil, Augusto Aras, una representación penal contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por el delito de incitación.
En el documento consignado se exige que Bolsonaro sea inquirido en el ámbito de las investigaciones de las fake news (noticias falsas) de los actos antidemocráticos y de las milicias digitales, casos bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal (STF).
El texto precisa que existe una publicación realizada por el exmandatario en la madrugada entre el 10 y 11 de enero y a través de su cuenta en la red social Facebook, que puede considerarse un acto de incitación, pues se incentiva y estimula públicamente a que otras personas infrinjan la ley.
Añade que dicha publicación incluye un video en el que se cuestionó el resultado de las elecciones del 30 de octubre de 2022, que dieron la victoria en segunda vuelta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se atacó nuevamente al voto electrónico y se apuntó a un supuesto fraude.
El video referido incluye un fragmento de una entrevista concedida por un procurador del estado de Mato Grosso do Sul, quien asevera sin fundamento que hubo fraude en el proceso electoral, que el voto electrónico no es confiable y que Lula no fue electo por el pueblo, sino por el STF y el Tribunal Superior Electoral.
La denuncia de estos fiscales y subprocuradores tiene lugar días después del asalto y vandalización por hordas bolsonaristas de las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en Brasilia, el 8 de enero pasado, de lo cual ha sido responsabilizado Bolsonaro.
Horas atrás, el subfiscal general Lucas Rochas pidió al ministro Bruno Dantas, presidente del Tribunal de Cuentas, que se bloqueen los bienes del expresidente de ultraderecha para resarcir los daños causados por sus seguidores.
La medida también se aplicaría al exgobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al exsecretario de Seguridad capitalino, Anderson Torres, aliados de Bolsonaro y cesados en sus cargos. Sobre Anderson pesa además orden de detención.
Intento de golpe premeditado
Varios ministros del gabinete de Lula da Silva coincidieron en las últimas horas en que el descubrimiento de un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las últimas elecciones en Brasil, hallado en la casa de un dirigente bolsonarista, prueba que «el intento de golpe (de Estado) fue premeditado en detalle».
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo del texto era «fabricar el caos para enterrar la democracia».
Por otra parte, este jueves se divulgaron los gastos millonarios del expresidente brasileño en panaderías, restaurantes populares y heladerías, durante sus cuatro años de Gobierno.
En total, Bolsonaro gastó 27,6 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares) con la tarjeta de crédito corporativa del Gobierno, según datos divulgados por el Gobierno, amparado en la ley de acceso a la información.
