Este jueves, cientos de peruanos se movilizaron hasta la sede del Congreso Nacional en el marco de la marcha denominada “La toma de Lima”, promovida por sindicatos y organizaciones sociales que apoyan al Gobierno del presidente Pedro Castillo.
La manifestación que rechazó los intentos de golpes de Estado contra el mandatario peruano, también busca exhortar al Gobierno a tomar medidas prometidas en la campaña del 2021, como la convocatoria a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna.
Durante la actividad se pidió el cierre del Congreso ante la extendida confrontación de poderes. Cómo consecuencia de esta movilización la sesión del Congreso de Perú prevista para este día fue suspendida ante el temor de que pudiera ocurrir algún incidente.
Entre los puntos de la sesión del Congreso se debatiría un permiso de salida del país para el presidente Castillo, quien debe viajar a Ciudad de México y a Santiago de Chile para asistir a la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico y el IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, respectivamente.
Castillo estaría fuera de la nación 24 al 29 de noviembre, pero el Parlamento, que ya le ha negado permisos otras veces, podría volver a bloquear su salida de Perú, bajo el argumento de que está siendo investigado por la justicia por presunta corrupción.
Desde julio de 2021, Castillo ha enfrentado dos intentos de destitución por parte del Congreso dominado por la oposición.
Ante esta situación, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, denunció que existe una dictadura del Congreso que le hace mucho daño al país, luego que el Parlamento negó una solicitud para acudir a plantear un proyecto de ley que busca derogar la norma que regula la figura de “cuestión de confianza”.
“No se puede gobernar sobre la base del absoluto desconocimiento», apuntó al criticar que el titular del Congreso, José Williams, respondió a su solicitud para plantear una cuestión de confianza como inadmisible en un oficio recibido el miércoles.
Las fricciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido una constante en Perú, donde también han cuestionado a la primera dama del país Andino, Lilia Paredes de Castillo, a quien la Fiscalía señala de participar en crimen organizado y pidió prohibir la salida del país por estar bajo investigación.
