El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, ha desencadenado una serie de interrogantes sobre la participación del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en el magnicidio, presuntamente por el acercamiento del mandatario caribeño a Rusia y Venezuela.
Así lo reveló el medio Haití Liberté, que cita una ex fuente de alto rango del gobierno haitiano, que desea permanecer en el anonimato, que señaló que un mes antes de su asesinato, Moïse acreditó a un nuevo embajador de Rusia en la nación, Sergey Melik-Bagdasarov, asegurando que esto puede haber motivado a Washington a desempeñar un papel en el complot magnicida o dejar que se ejecutara aún teniendo conocimiento.
dijo que la falta de acción de Washington contra tres empresarios con sede en Florida que son ciudadanos estadounidenses: Antonio Intriago, Walter Veintemilla y Arcangel Pretel Ortiz, es muy condenatoria. Son los dueños de las empresas Counter Terrorist Unit (CTU) y Worldwide Capital Lending Group, que respectivamente contrataron y financiaron a los mercenarios colombianos ahora encarcelados que mataron a Moïse.
Haití y Rusia “discutieron las perspectivas de fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países”, escribió Moïse en un tuit tras la ceremonia de credenciales de Melik-Bagdasarov, quien también es embajador en Venezuela.
En este sentido, el destacado intelectual y oftalmólogo haitiano, Frantz Large, amigo del presidente asesinado, señaló que la Casa Blanca no veía con buenos ojos el hecho de que Moïse estaba estableciendo relaciones con Rusia y trabajando para reparar los lazos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quebrados en 2019 por presión de EE.UU.
Large alega que Moïse “fue ejecutado por los servicios secretos estadounidenses porque estaba haciendo un cambio (político) de dirección”, refiere el medio haitiano.
EE.UU. oculta su participación en el magnicidio
Haití Liberté destaca que hay señales crecientes de que Washington puede haber jugado un papel más importante de lo que se creía anteriormente en el asesinato del presidente haitiano, pero al tener el control total de la investigación, trata de ocultar su participación.
Recientemente, el Departamento de Justicia de norteamericano selló con éxito la evidencia la en su procesamiento del mercenario colombiano Mario Antonio Palacios Palacios, uno de los implicados en el asesinato, que fue extraditado de Panamá a Miami en enero. El medio refiere que este es el último desarrollo en un patrón emergente que sugiere que Washington está trabajando para ocultar pruebas de su complicidad en el espantoso magnicidio.
En abril, el fiscal federal adjunto Walter Norkin le pidió al juez federal de distrito José E. Martínez que ocultara ciertas pruebas al abogado defensor de Palacios, Alfredo Izaguirre, en virtud de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). Esta legislación está diseñada para frustrar “una amenaza potencial… a la seguridad nacional (de EE.UU.)”. El juez Martínez accedió a la solicitud el 28 de abril.
La ley “normalmente se invoca en casos de terrorismo o espionaje”, dijo al Miami Herald el exfiscal estadounidense interino en Washington, DC, Michael Sherwin .
El abogado haitiano Newton Saint-Juste, quien se ha convertido en una de las principales voces legales que buscan la verdad detrás del asesinato de Jovenel Moïse, está preocupado porque se ha invocado la CIPA en este caso.
“La solicitud de CIPA sugiere que algunas personas que trabajaron anteriormente o que trabajan actualmente para el gobierno de los EE. UU. tuvieron un papel en el asesinato de Jovenel Moise”, dijo Saint-Juste . “Parece que Estados Unidos sabía algo o todavía quiere ocultar algo. Lo que estamos buscando es la verdad y los autores intelectuales de este asesinato”.
El 4 de abril, Saint-Juste solicitó al Fiscal General dominicano que investigara el presunto lavado a través de bancos dominicanos de $20 millones utilizados para el asesinato de Moïse. Luego, el 18 de abril, escribió públicamente al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, pidiéndole que “despejara toda duda sobre una posible participación activa o pasiva de los Estados Unidos” en el asesinato.
“Sabemos que algunas de las personas involucradas en el asesinato trabajaron para la DEA o el FBI en el pasado, por lo que necesitamos saber en este caso si actuaron por cuenta propia o para una de estas agencias estadounidenses”, dijo Saint-Juste a Haití Liberté.
“La solicitud de la fiscalía sugiere que Estados Unidos ha jugado un papel en este asesinato y están tratando de ocultar su participación. Es importante que Estados Unidos aclare esta situación. Si siguen ocultando la verdad y guardan silencio sobre este asesinato, creo que todos estarán de acuerdo en que jugaron un papel”, agregó.
Disfunción judicial de Haití y el control de EE.UU.
La disfunción judicial y política en Haití ha facilitado que EE.UU. asuma efectivamente el control de la investigación del asesinato, a pesar de su posible implicación en el crimen. Dos de los principales sospechosos, Palacios y el ex narcotraficante haitiano Rodolphe “Whiskey” Jaar , están detenidos en Miami, mientras que un tercero, el exsenador haitiano John Joel Joseph , será extraditado a Miami desde Jamaica pronto.
Mientras tanto, Saint-Juste tiene la intención de escribir a los miembros del Congreso de los EE. UU., que en enero pidió una investigación del asesinato y un informe para julio.
“El ejecutivo estadounidense tiene el control total de esta investigación”, dijo Saint-Juste. “Existe el riesgo de que tengamos total impunidad para los ciudadanos estadounidenses que trabajaron anteriormente o están trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Es importante que el Congreso sepa que necesitamos saber la verdad, y la única forma de encontrar la verdad es tener una investigación imparcial”.
