El grupo paramilitar colombiano Águilas Negras amenaza de muerte a los magistrados de la Corte Constitucional de ese país, tras la aprobación el pasado 21 de febrero de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.
La amenaza fue realizada en un escrito que llegó a la Corte a través de la correspondencia, en el cual fijan como “objetivos militares” a los magistrados: Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Julio Andrés Ossa y Alberto Rojas Ríos; todos firmantes de la aprobación del aborto.
“Ustedes se creen dioses paganos. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia”, reseña el diario El Tiempo sobre la amenaza de los paramilitares.
Las Águilas Negras calificaron a la Corte como “maquiavélica”, “criminal” y “salvaje” en el escrito de 12 puntos de argumentos ultraconservadores. Como el considerar a los letrados colombianos de “perversos, depravados, asesinos, macabros, terroristas de prenatales”.
Decisión de 2006
El grupo paramilitar recordó en su panfleto que la despenalización del aborto ya había recibido una decisión judicial en 2006, cuando la Corte permitió la interrupción de la gestación en las “tres causales”: riesgo de que la madre muera, violación o incesto y que el feto se desarrolle fuera del útero; para los criminales esto corresponde a “cosa ya juzgada” por lo que no debía existir un nuevo pronunciamiento.
Respuesta de la Corte
La Corte Constitucional emitió un comunicado sobre este asunto, aunque sin hacer referencia directa al grupo paramilitar, señalaron que “deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.
“En consecuencia, la Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y a garantizar su ejecución o cumplimiento. Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública”, reseña el escrito.
