El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció una prohibición a nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con una compañía canadiense que provocó multitudinarias protestas en el país.
«Informo al país que hoy convoqué al Consejo de Gabinete, el cual aprobó la Resolución que autoriza al Ministro de Comercio para que, mediante Decreto Ejecutivo, declare la prohibición del otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el país», publicó el presidente desde su cuenta en la plataforma X.
Informo al país que hoy convoqué al #ConsejoDeGabinete, el cual aprobó la Resolución de Gabinete que autoriza al Ministro de Comercio para que, mediante Decreto Ejecutivo, declare la prohibición del otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el país.
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) October 27, 2023
La prohibición será efectiva a partir de este viernes, y «serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están actualmente en trámite», agregó el gobernante.
En un mensaje televisivo, Cortizo firmó dicho decreto, pero se abstuvo de mencionar el polémico contrato con First Quantum Minerals. Se limitó a decir que la decisión atiende»las distintas posiciones de la sociedad con relación al tema de la minería».
Reiteramos el llamado a la tolerancia, el respeto a la propiedad privada y pública, y al libre tránsito. https://t.co/3qyhTRIzvK
— Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) October 27, 2023
El anuncio de Cortizo no ha calmado las protestas de diversos sectores de la sociedad, las cuales ya llevan una semana, con bloqueo de carreteras, suspensión de clases y disturbios en distintos puntos del país.
Los manifestantes exigen la derogación de la ley que establece el contrato minero, aprobada por el Congreso y firmada por Cortizo. El convenio con la empresa canadiense fue negociado después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
El gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
