El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, compartió este jueves un informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que “acusa al presidente de Colombia Iván Duque y a su gobierno de homicida, violador sexual y racista”.
“Es estruendoso el silencio de la canalla internacional. Desde luego, ese gobierno insistirá en el manido guion de culpar a Venezuela de planificar esa barbarie”, manifestó Padrino López a través de la red social Twitter.
El informe refiere que para evitar más muertes y lesiones de quienes ejercen su libertad de expresión, participación y asamblea, la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU solicitó al gobierno de Colombia cambiar su manera de lidiar con las protestas de la población.
La dependencia señala que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones de protesta que comenzaron a finales de abril con el Paro Nacional. El 76% de las muertes se debieron a heridas de bala.
Para la fecha, la Oficina de la ONU ha verificado 46 de las muertes reportadas, 44 de las cuales eran civiles y dos eran policías, según el informe que destaca la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos sin discriminación, al igual que la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Las manifestaciones masivas, empezadas el 28 de abril, se extendieron por semanas en todo el país en un contexto de profundas desigualdades económicas y sociales agudizadas por la pandemia de Covid-19.
Abusos de las fuerzas públicas
La información recopilada y analizada por la Oacnudh encontró “motivos razonables” para aseverar que al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que un mínimo de diez de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), que utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
El documento señala que “todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”.
Reparación y no repetición
El informe agrega que el Estado debe garantizar también “el derecho de las víctimas a una reparación integral”, al tiempo que explica que esta última debe contemplarse como una reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas, garantizar la no repetición al reconocer lo sucedido y apoyar adecuadamente a las personas que fueron afectadas por las violaciones y la violencia ejercida en las protestas y que ahora buscan reconstruir sus vidas.
A las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
Estigmatización en medios de Comunicación
El informe dedica un renglón aparte a la criminalización y estigmatización de los manifestantes, a menudo a través de los medios de comunicación, a quienes se relaciona con actos vandálicos o actos de terrorismo. Manifestando a su vez, preocupación por las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que han documentado los acontecimientos.
Un informe devastador que acusa a Duque y su gobierno de homicida, violador sexual y racista. Es estruendoso el silencio de la canalla internacional. Desde luego, ese gobierno insistirá en el manido guión de culpar a Venezuela de planificar esa barbarie. https://t.co/8Xw9lHcDtg
— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 16, 2021
