Organizaciones colombianas dirigieron una solicitud al presidente Gustavo Petro para la repatriación y designación como gestor de paz de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, quien cumple una condena de 60 años en Estados Unidos (EE.UU.).
Desde octubre de 2017, Palmera Pineda manifestó su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero hasta seis años después la justicia transicional aceptó su sometimiento.
El ahora compareciente ante la JEP enfrenta cargos en Colombia por una serie de delitos relacionados con el conflicto armado, incluyendo terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, narcotráfico, y otros hechos delictivos.
El excombatiente está recluido en la prisión de máxima seguridad Florence en Colorado, desde hace 19 años, cuanfo fue extraditado de territorio colombiano, por el secuestro de tres estadounidenses cuando era uno de los comandantes del bloque Caribe de las FARC-EP.
El documento, enviado por la Campaña Internacional Simón Trinidad, Frente por la Libertad y la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza (Bjeum), solicita su libertad en Colombia para que pueda desempeñar funciones como gestor de paz, firmante del Acuerdo de La Habana y comparecer ante este tribunal de paz.
«Que se le designe gestor de paz en Colombia para que pueda contribuir a la construcción de escenarios de paz en nuestro país, en concordancia con la Ley 2272 de 2022 y la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro», destaca el documento.
Las organizaciones señalan que esta designación permitiría realizar acciones jurídicas nacionales e internacionales para su repatriación, citando el Decreto 1427 de 2017 del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Afirman que ‘Simón Trinidad’ tiene derecho a los beneficios del acuerdo, que incluyen la reincorporación jurídica, política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP.
El pasado 28 de septiembre, la JEP aceptó el sometimiento de ‘Simón Trinidad’, quien ya estaba bajo investigación en el macrocaso 01 que indaga sobre 21 mil secuestros perpetrados por la organización. Su aceptación no cambiaría los procesos judiciales que enfrenta en Colombia.
