La Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos determinó hoy la responsabilidad del Ejército de Colombia en la muerte de 11 civiles como resultado de un operativo en el departamento de Putumayo.
De acuerdo con el informe de esa instancia, en la operación del pasado 28 de marzo los militares hicieron uso de armas de fuego en la localidad de Alto Remanso, Puerto Leguízamo, donde se encontraban de 30 a 50 lugareños, incluidos menores y mujeres, refiere Prensa Latina.
Tras la acciones fueron reportados los referidos fallecidos, entre ellos una embarazada y un menor, y cinco heridos, que los militares intentaron contabilizar como falsos positivos (civiles cuyas muertes son reportadas como bajas en combate), según declaraciones de los sobrevivientes y reportes de prensa.
“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”, precisa el informe de Naciones Unidas.
El organismo internacional recomendó que las autoridades pertinentes tomen las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en esa localidad ubicada al sur del país, refiere Prensa Latina.
También instó a la Fiscalía de Colombia a realizar una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Por último exhortó a la protección y reparación de la comunidad y la vida e integridad de testigos y periodistas que denunciaron el operativo como una masacre.
El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó en conferencia de prensa que se trató de un operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía para eliminar a miembros de las llamadas disidencias relacionados con el narcotráfico y otros delitos y capturar a uno de sus líderes, Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno.
Sin embargo la operación fracasó y de puso en tela de juicio la planificación de la misma y el trabajo de la cúpula militar del país andino-amazónico.
Molano defendió el trabajo de los uniformados, quienes siguieron protocolos nacionales e internacionales, dijo, fue “una operación legítima porque fue planeada por más de cinco meses con información de inteligencia”.
Por su parte el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que en ocasiones anteriores fue reportada la muerte de civiles, entre ellos embarazadas y menores, como resultado de los enfrentamientos con grupos armados ilegales.
La operación en Alto Remanso es analizada por la Comisión de Paz del Senado colombiano, cámara del Congreso (parlamento) que también podría solicitar un debate de control sobre el Ministerio de Defensa.
El pasado 7 de abril congresistas colombianos emplazaron al ministro de Defensa, Diego Molano, a un debate de control político para que responda por un presunto caso de falsos positivos ocurrido durante una incursión del Ejército Nacional el pasado 28 de marzo en una zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.
Senadores y representantes de diversos partidos, entre ellos Comunes y Alianza Verde, solicitaron la comparecencia de Molano para que dé explicaciones sobre la operación militar en la que murieron 11 personas.
En ese sentido, organizaciones a favor de los derechos humanos y comunidades campesinas de la zona, en particular de la vereda Alto Remanso (lugar de los hechos), señalan que los asesinados eran civiles que participaban en una feria y no eran parte de grupos armados ilegales, como habrían divulgado el Ejército, Molano y el propio presidente Iván Duque.
