El enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, planteó a las autoridades de Perú la necesidad de garantizar el derecho a la protesta y que se evite estigmatizar a las manifestaciones o a quienes participan en ellas como terroristas.
El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de visita en Perú para observar la situación de los derechos fundamentales, sostuvo este viernes reuniones con la mesa directiva del Parlamento y con el primer ministro, Alberto Otárola, en medio de persistentes manifestaciones que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió la jefatura del Estado el pasado 7 de diciembre pasado, luego que el Congreso destituyera al mandatario electo por voluntad popular, Pedro Castillo.
Salazar calificó de inaceptable el saldo de más de 50 muertes y centenares de heridos de las protestas, sobre todo en el sur del país.
“Hemos hablado sobre lo inaceptable que son las muertes y los heridos en las manifestaciones recientes; la importancia de tomar medidas inmediatas para que no vuelvan a ocurrir y de investigaciones contundentes de estos casos”, recalcó.
Puntualizó que los actos de violencia y destrucción de infraestructura tienen que ser investigados y sancionados con respeto al debido proceso.
En la reunión con el primer ministro Otárola, “hemos pedido información sobre qué hace el Gobierno para evitar que estas muertes y heridos se repitan, que se investiguen bien los casos”, declaró el funcionario de la ONU.
Precisó que su visita tiene como objetivo apoyar y fortalecer las capacidades del Estado peruano “en el respeto de los derechos humanos en el país” y anunció que al final de la visita emitirá un comunicado sobre la situación en el país andino.
En la víspera, el Gobierno de Dina Boluarte ordenó el despliegue de más de 10.000 efectivos policiales para “resguardar” y “controlar” la llamada ‘Toma de Lima’, una marcha multitudinaria que exige la renuncia de la mandataria acusada de golpe de Estado.
El pasado 10 de enero, la Fiscalía de Perú anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y heridas graves durante la represión de las protestas que sacuden el país desde la destitución de Castillo.
