El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.), impide que la administración de Joe Biden comparta con la Corte Penal Internacional (CPI) pruebas sobre supuestas atrocidades en la guerra de Ucrania, ante el temor de que se pueda sentar un precedente para juzgar crímenes estadounidenses en el futuro.
Así se desprende de un reporte publicado esta semana por The New York Times (NYT), que señala un conflicto de intereses entre los líderes del Pentágono que se oponen a ayudar al tribunal internacional a investigar a los rusos, y las agencias de inteligencia y los departamentos de Estado y Justicia, que están de acuerdo con entregar la evidencia a la CPI.
Según el artículo, que cita varias fuentes relacionadas, la evidencia bloqueada incluye detalles relevantes para una investigación que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, comenzó después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania hace un año.
Breaking News: The Pentagon is blocking the U.S. from sharing evidence on Russian atrocities in Ukraine with the International Criminal Court, officials said. Military leaders fear setting a precedent that might pave the way for it to prosecute Americans. https://t.co/xnHCjkkZnK
— The New York Times (@nytimes) March 8, 2023
Conflicto a puerta cerrada
En diciembre, el Congreso cambió las restricciones legales de larga data sobre la ayuda estadounidense a la corte, lo que permitió que la nación norteamericana ayudara con sus investigaciones y eventuales enjuiciamientos relacionados con la guerra en Ucrania.
Sin embargo, el medio indica la existencia de un conflicto a puertas cerradas sobre el intecambio de dicha información.
Los funcionarios consultados dijeron al NYT que hace un mes, el Consejo de Seguridad Nacional llamó a una reunión del «comité de directores» a nivel en un intento por resolver la disputa, pero el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, continúa oponiéndose.
El Pentágono bloquea que Estados Unidos comparta con la Corte Penal Internacional pruebas sobre atrocidades en la guerra de Ucrania, porque temen que pueda sentar un precedente para juzgar crímenes estadounidenses. ¿No era esto una guerra de la democracia contra el autoritarismo? https://t.co/qmjDV83u5v
— i.aiestaran (@iaiestaran) March 9, 2023
Pentágono: el “niño problemático”
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien fue uno de los legisladores que presionó para que el Congreso suavizara las restricciones sobre la ayuda a la corte, dijo al NYT que el Pentágono “es el niño problemático aquí, y cuanto antes podamos hacer llegar la información a las manos de la CPI, mejor será el mundo”.
⚡️FLASH #USA 🇺🇸 Par peur de créer un précédent dans la poursuite ultérieure des États-Unis pour crimes de guerre, le #PENTAGON a refusé de communiquer les documents sur les actions de la #Russia 🇷🇺 en #Ukraine à la CPI de La Haye.
New York Times (NYT), sénateur Lindsey Graham. pic.twitter.com/L5G2Fkdney— Militant.André.D (@Circonscripti18) March 9, 2023
Por su parte, Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que el gobierno “apoya una variedad de investigaciones para identificar y responsabilizar a los responsables” de los crímenes de guerra rusos, incluso a través de los fiscales ucranianos, las Naciones Unidas “y la Corte Penal Internacional, entre otros”.
Jurisdicción de la CPI
La CPI se creó hace dos décadas como para investigar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma, que data de 1998. Antes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había establecido tribunales ad hoc para abordar los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda.
Muchas democracias se unieron a la CPI, incluso aliados estadounidenses como Gran Bretaña. No obstante, EE.UU. ha mantenido su distancia durante mucho tiempo, preocupado de que el tribunal internacional algún día pueda intentar enjuiciar a los estadounidenses por crímenes ocurridos en su historial de invasiones.
La corte no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de un país que no sean parte del tratado, como EE.UU. y Rusia, incluso cuando los presuntos crímenes de guerra tengan lugar en el territorio de un país firmante como Ucrania y Afganistán.
