Redacción Fuser News con información de Sputnik Mundo
El pasado domingo 26 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas y 11 resultaron heridas en un ataque a balazos perpetrado, según las autoridades, por miembros de un grupo residual de las extintas FARC en el departamento de Nariño (suroeste), una región caracterizada por conflictos relacionados con el narcotráfico y peleas territoriales.
Reporta la agencia Sputnik que desconocidos llegaron a una discoteca en el corregimiento de Llorente —en el municipio de Tumaco, a más de 1.000 kilómetros de Bogotá, en el suroccidente de Colombia— disparando a quienes departían en el lugar.
De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), es la octava masacre que ocurre en ese departamento y la número 73 en todo el país en lo que va de 2021.
El crimen fue atribuido por parte de las autoridades al grupo armado residual Bolívar Rendón, de las disidencias de las extintas FARC y, según el Ejército de Colombia, obedecería a enfrentamientos entre otros grupos ilegales denominados como Óliver Sinisterra y Los Contadores.
El epicentro de las masacres
Nariño es uno de los epicentros de las masacres en el país latinoamericano. Los números que registra Indepaz, por ejemplo, lo ubican este año en el cuarto lugar en masacres, superado por Valle del Cauca, Antioquia y Cauca.
También es una de las localidades en las que no se evidencian cambios tras el Acuerdo de Paz y que, en 2020, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ocupó el segundo lugar entre los departamentos con más hectáreas sembradas de coca (36.964).
Allí sucedió una de las masacres más atroces del año pasado, en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, cuando ocho jóvenes que departían en una terraza fueron asesinados a sangre fría.
Esa misma masacre fue la que motivó la declaración del presidente Iván Duque en la que, en un exceso de tecnicismo, manifestó que dichos crímenes no eran masacres sino «homicidios colectivos».
El Estado
La pelea por las tierras ha dejado en desventaja a la población civil y los líderes sociales se han convertido también en blanco de los ilegales. Hernando Chindoy, experto universitario en derechos humanos e indígenas, le contó a Sputnik que es poca la atención que las autoridades le dan al sistema de alerta temprana, usado por la Defensoría del Pueblo de Colombia para articular protección urgente contra líderes amenazados, lo que los hace muy vulnerables.
«Desde que se dio la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC, un grupo paramilitar de derecha—, hay delincuencia continua y las luchas por el control de las rutas del narcotráfico y la minería persisten contra los ex-FARC», comenta Chindoy.
«Es un círculo vicioso, como una culebra que se muerde la cola. La economía del narcotráfico beneficia a algunos empresarios, lo que impide la implementación de políticas sociales que dignifiquen la vida de la gente», concluye.
Pobreza y guerra por territorios
Chindoy habla, pero hay otros que temen. Para este artículo, Sputnik intentó hablar con varios líderes del departamento que se negaron a decir una palabra por miedo a su integridad física. Otros más accedieron a comentar la situación de riesgo bajo la condición de no ser identificados.
«El territorio, políticamente, es nuestro, pero en términos económicos seguimos siendo una colonia, tal como hacían los españoles con los indígenas. Aquí se sigue usando la misma estrategia que trajeron los colonialistas europeos: matar por tierra para dominar territorios», comenta un líder que prefirió permanecer en el anonimato.
La misma fuente resalta que, por ejemplo, de sus territorios, en la periferia del país, se extraen los recursos, la palma, el café, el petróleo, la madera, pero no hay retribución a su población. Eso, en efecto, tiene como consecuencia la vulnerabilidad económica y produce que las personas estén en condiciones de aceptar trabajos con los ilegales.
«Saben que los cultivos son el combustible de la guerra. Si yo quiero acabar la guerra, firmo un acuerdo para sustituir los cultivos y me empeñó en hacer una inversión sin precedentes en el campo y generar las condiciones para desmantelar a las estructuras que los utilizan», explica.
En Nariño convergen las viejas dinámicas de la guerra y los nuevos intereses de reductos de grupos armados ilegales que se apartaron del proceso de paz y de cualquier ideología para disputar a sangre y fuego las rutas para transportar la droga por el territorio nacional y sacarlas del país hacia Centroamérica o Estados Unidos. Una verdadera bomba de tiempo que, en su construcción, desangra a Colombia desde el sur.
