El ministro del Interior peruano, Vicente Romero, justificó la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando ingresó el pasado sábado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, para desalojar a los manifestantes que se hallaban en ese campus, en medio de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
«He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley», expresó Romero, en entrevista con Panorama. Alegó que no había necesidad de fiscales porque el operativo se dio en el marco del estado de emergencia vigente.
«Había flagrancia y en estado de emergencia, cuando hay una flagrancia inmediatamente interviene la Policía Nacional. Cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía. La Defensoría no necesita estar presente porque su función empieza después de la acción», justificó.
Añadió que los funcionarios policiales se valieron de un vehículo blindado para derribar una de las rejas que lleva al campus universitario y emprender el operativo de desalojo. Al respecto, indicó que «habían puesto cadenas en la puerta, de tal manera que con la cizalla era imposible, tenían que emplear este vehículo multipropósito para ingresar (…) La Policía actuó en el marco de la ley».
Romero anunció que se hará una evaluación para determinar si hubo excesos y quienes serían los responsables, pero adelantó que esa valoración será realizada por órganos de control de la misma PNP.
«Espero me lo alcancen [el informe] en algún momento y el comandante general de la PNP, a través de sus órganos de control interno, establecerá si hay responsables», comentó.
Mediante un comunicado, la casa de estudios aclaró que solicitó «únicamente» desbloquear las puertas que habían sido tomadas el viernes por un grupo de estudiantes, en colaboración con algunos manifestantes. La institución denunció que hubo «abuso de autoridad» por parte de los miembros de la PNP en el operativo.
En la Universidad de San Marcos hay una residencia universitaria que aloja a más de 150 estudiantes, que fueron desalojados junto con los manifestantes en 2 camiones de la PNP, según medios locales.
Ante los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) alertó que hubo un «uso desproporcionado de la fuerza» en la intervención al campus universitario y la detención de las 193 personas, de las cuales ya fueron liberadas 192.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú interpuso un recurso contra Romero y el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, luego del operativo en la casa de estudios.
