La Fiscalía General de México obtuvo órdenes de captura contra siete exfuncionarios del Gobierno y capos de la droga involucrados en el fallido operativo de tráfico de armas desde Estados Unidos (EE.UU.) al país centroamericano, conocido como «Rápido y Furioso».
El operativo ocurrió entre los años 2009 y 2011, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) –con el permiso de la Administración Obama, pero sin avisar al Congreso– permitió la salida de 2.500 armas ilegales a México. El plan, que buscaba rastrear las actividades de los cárteles de la droga a través del armamento, fracasó y el rastro de las armas se perdió.
En el año 2010, el agente fronterizo Brian Terry fue asesinado con una de estas armas y, más tarde en febrero de 2011, una de ellas también acabó con la vida del agente estadounidense de la oficina de Migración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata en un ataque en San Luis Potosí.
Entre los señalados están Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012); Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el mismo periodo; y el antiguo líder del Cartel de Sinaloa, Guzmán Loera «El Chapo Guzmán». Aún no han sido revelados los nombres de los otros cuatro acusados.
La Fiscalía mexicana señala que los exfuncionarios sabían de este operativo “absolutamente ilegal e inadmisible” y que El Chapo Guzmán, era el líder de la principal organización que recibió el armamento.
En el caso de García Luna es la tercera vez que la justicia mexicana intenta su extradición desde Estados Unidos, donde permanece recluido acusado de narcotráfico, reseña Telesur.
Por su parte, Cárdenas Palomino se encuentra desde julio de 2021 encerrado en una cárcel de máxima seguridad del estado de México por un caso de torturas ejercidas sobre supuestos secuestradores.
Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad, dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.
Demanda a fabricantes de armas
El canciller de México, Marcelo Ebrard, expuso este lunes durante la inauguración de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2022, la necesidad de México de combatir el tráfico de armas para reducir los niveles de violencia.
El diplomático agregó que la Administración del presidente López Obrador mantendrá la demanda que presentó el 4 de agosto de 2021 contra algunos de los productores de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
«Todos los días nos exige, nos demanda la acción para reducir el tráfico de armas en el país, todos los días lo revisamos, por eso también presentamos esa demanda inédita en Estados Unidos», afirmó.
