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Medios tergiversan investigación emprendida entre la CPI y Venezuela

Fuser News

20/01/2022
Personajes como Luis Somaza, Delsa Solorzano y Marco Aurelio Quiñonez afirmaron que el tribunal internacional le daba un plazo de tres meses al Gobierno venezolano para responder por supuestos delitos de lesa humanidad.

S. Arias

Aunque aún no existe una declaración por parte de las autoridades oficiales de Venezuela, medios de comunicación y políticos de oposición se han hecho eco de informaciones tergiversadas sobre las investigaciones que adelantan la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Gobierno venezolano para determinar presuntos delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017.

El 16 de noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura formal de una investigación donde se fijó un sistema de complementariedad para determinar posibles responsabilidades en los hechos investigados en Venezuela. No obstante, a través de un memorando de entendimiento firmado por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal, se estableció que las autoridades venezolanas realicen sus propios trámites en busca de la justicia.

Los políticos y las falsas noticias

En este contexto, ambas partes entraron en etapa de investigaciones para resolver los casos vinculados a estas denuncias, pero no existe una acusación formal por parte del tribunal internacional contra Venezuela, tal como lo intentan hacer ver políticos de derecha a través de redes sociales.

Personajes como Luis Somaza, Delsa Solorzano y Marco Aurelio Quiñonez afirmaron que el tribunal internacional le daba un plazo de tres meses al Gobierno venezolano para responder por supuestos delitos de lesa humanidad.

¿Qué es lo que está pasando?

De acuerdo con abogados cercanos a Fuser News, la Fiscalía sí ofreció una prórroga hasta el 16 de abril de 2022, pero no para que el Gobierno venezolano respondiera por supuestos delitos de lesa humanidad, si no para que refutara el inicio de la investigación.

La CPI ofreció esta prórroga debido a inconvenientes para concretar una visita de la delegación venezolana a La Haya acordada para el mes de diciembre, que fue impedida por el Reino de los Países Bajos, a través de medidas ilegales de restricción del vuelo.

En esa reunión estaba previsto que las autoridades venezolanas presentaran una serie de reformas del sistema judicial venezolano solicitado por la CPI.

En esa ocasión, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció ante medios nacionales e internacionales la obstaculización de la visita de trabajo a La Haya y que la actitud de Países Bajos como país anfitrión, violentaba el Acuerdo sede de la CPI, la Carta de las Naciones Unidas (ONU), la Convención de Viena y el Tratado de Inmunidades y Privilegios.

“Hay cinismo detrás de esta decisión, hay engaño. Por eso señalamos que es una estratagema, ellos no pueden poner impedimentos para que un Estado parte del Estatuto de Roma se traslade a cumplir una agenda de trabajo que, además, fue concertada”, expresó entonces.

En el mes de noviembre, el Gobierno venezolano, a través del fiscal general Tareck William Saab, puso a disposición de la CPI todas las investigaciones realizadas por los fiscales venezolanos en los casos de derechos humanos desde 2017.

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