El 31 de mayo fue hallado muerto Edison Gómez Ortiz, docente y reconocido líder de la comunidad indígena colombiana Murui y defensor de los derechos de los niños en el municipio de Solano, Caquetá.
De acuerdo con reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), grupos residuales amenazaron a todos los habitantes de la comunidad con no permitirles participar como jurados de votación en las elecciones presidenciales del pasado domingo 29 de mayo.
Su cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de bala a las orillas del río Caquetá, posteriormente fue trasladado hacia el caserío Peñas Rojas. Este sector mantiene una alerta de riesgo extremo durante procesos electorales.
Con este lamentable suceso, suman 80 los líderes asesinados en 2022 y 1307 desde la firma de Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, que ya se disipa entre el incumplimiento y las luchas sociales en su defensa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas denunció ante la opinión pública, entes de control nacional y organismos defensores de derechos humanos de la comunidad internacional “los hechos lamentables que atentan contra la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas” e hizo un llamado para que se sumen a la protesta por la ineficiencia del Estado colombiano.
“La situación y la percepción de seguridad por parte de la población en general se torna crítica generando temor en la comunidad, que permanece en alerta máxima ante posibles ataques de grupos armados y sus enfrentamientos permanentes”, reza el comunicado.
https://twitter.com/Indepaz/status/1532156475384160261
Demandas a instituciones del Estado colombiano
La Comisión presentó una serie de demandas para que los organismos del Estado con competencia respondan por lo sucedido y creen mecanismos para resguardar la integridad de los pueblos indígenas.
En este contexto, le exigieron al Ministerio de Defensa una mayor presencia en los territorios amenazados y que asuma el compromiso de proteger la autonomía territorial.
A la Defensoría del Pueblo, en mérito de los expuesto, para que tome medidas y brinde la asesoría y acompañamiento, para evitar el riesgo permanente y que estas conductas se vuelvan a repetir.
Finalmente, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para que, como organización internacional de la ONU, inste al Gobierno colombiano a proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto.
