Tres años antes de su trascendental fallo que anula medio siglo de protección nacional para el aborto, la Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) había decidido que no tenía ningún papel en la restricción del gerrymandering partidista, la manipulación de distritos electorales.

Al eliminar las únicas protecciones federales que garantizaban el acceso a la interrupción del embarazo, ahora el aborto quedó en manos de los estados, “los representantes electos del pueblo”.

El resultado es que muchas legislaturas son más partidistas que la población del estado en su conjunto. El Gerrymandering volvió a florecer cuando los políticos utilizaron los datos del censo de 2020 para rediseñar los distritos que podrían beneficiar a su partido tanto para las elecciones de este año como para la próxima década.

Chris Warshaw, politólogo de la Universidad George Washington que analiza datos de redistribución de distritos, dijo que, en algunos estados indecisos con legislaturas lideradas por republicanos, como Michigan y Wisconsin, el gerrymandering realmente es la razón principal por la que es probable que el aborto sea ilegal.

Mientras que en los estados donde los demócratas han manipulado, es probable que ayude a que las leyes sobre el aborto sean más liberales, reseña AP.

La mayoría de los estadounidenses apoya el acceso al aborto en general, aunque muchos dicen que debería haber algunas restricciones, según encuestas de opinión pública.

“Nuestra decisión devuelve el tema del aborto a esos cuerpos legislativos, y permite que las mujeres en ambos lados del tema del aborto busquen afectar el proceso legislativo al influir en la opinión pública, presionar a los legisladores, votar y postularse para un cargo”, escribió el juez Samuel Alito, de la Corte Suprema.

Las elecciones intermedias de 2010, dos años después de la elección de Barack Obama, fueron un punto de inflexión para el control de los parlamentos estatales en todo el país. Antes de esa elección, los demócratas controlaban completamente 27 legislaturas estatales y los republicanos 14, el resto estaba dividido.

Las victorias arrolladoras del Partido Republicano pusieron al partido a cargo de la redistribución de distritos en muchos estados. Para 2015, después de dos elecciones bajo los nuevos mapas, los republicanos controlaban por completo 30 legislaturas y los demócratas solo 11, esto persistió durante las elecciones de 2020.

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Texas, estado radical al aborto pero pro armas

En el caso de Texas, nunca se revocaron los estatutos que prohibían el aborto y que antecedían a Roe vs. Wade, por lo que esas medidas, literalmente, podrían resucitar tras la decisión del alto tribunal.

“¡Victoria pro-vida! Los estatutos anteriores a Roe de nuestro estado que prohíben el aborto en Texas son 100% buenas leyes”, sostuvo el fiscal general del estado, Ken Paxton.

Esta legislación mantiene la prohibición en caso de incesto o violación, y solo permite una excepción en caso de que la vida de la mujer esté en peligro.

Las cosas ya eran complicadas para las mujeres que querían abortar en Texas. En septiembre del año pasado, el polémico gobernador de Texas, Greg Abbott, criticado por defender la posesión y compra de armas de fuego, promulgó la ley de aborto más radical en todo EE. UU., que prohibía los abortos después de las seis semanas de embarazo, tan pronto como se detecte actividad cardíaca.

Además, la ley permit que ciudadanos privados demanden a los proveedores de servicios de aborto o a cualquiera que ayude a una mujer a abortar.

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Mujeres que van a prisión por abortar

Según datos del National Advocates of Pregnant Women (NAPW), una organización de defensa legal femenina, más de 1.700 mujeres han estado encarceladas o han sido detenidas y procesadas por algún «delito» asociado a su gestación desde 1973, cuando se legalizó el aborto en EE.UU.

«En Estados Unidos hay literalmente cientos de mujeres que han sido arrestadas y acusadas de crímenes contra sus fetos. No es algo que pase solo en Centroamérica», dijo a la BBC, Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José, en California.

En abril pasado, Lizelle Herrera fue arrestada por tener un aborto en su casa en Texas. Unos meses antes, Brittney Poolaw fue condenada a cuatro años de prisión por «homicidio involuntario» después de perder su embarazo en Oklahoma.

Chelsea Becker, quien tenía adicción a las drogas, estuvo en la cárcel en California por 16 meses tras sufrir una muerte fetal y en 2015, Purvi Patel fue sentenciada a 20 años de cárcel en Indiana por «feticidio» tras buscar asistencia médica tras un aborto espontáneo.