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Las sanciones: nuevo desacuerdo entre factores extremistas de la oposición venezolana

Fuser News

03/04/2023
La delegación opositora no ha cumplido las consideraciones pautadas, derivadas de los diálogos en México.

S. Arias

Fernando Blasi, quien se le adjudicó la representatividad del extinto parlamento venezolano que es considerado por Estados Unidos como «legítimo», pidió al gobierno de Joe Biden a relajar las sanciones petroleras impuestas a Venezuela.

Este cambio de la postura de «maxima presión» que signó al llamado «gobierno interino» disuelto por los exdiputados que ahora promueven a Blasi como su representante ante EE.UU., busca darle «algo» al Gobierno legítimo de Venezuela encabezado por el presidente Nicolás Maduro de cara a generar el mejor escenario posible para el proceso electoral de 2024.

“El tiempo se acaba”, dijo Blasi. “Tenemos que empezar ahora con un plan coherente en el que demos algo y el gobierno para tratar de generar el mejor escenario posible para 2024”, reveló durante una entrevista a Associated Press (AP).

Blasi reconoció que el ritmo del alivio de las sanciones avanza demasiado lento y que las negociaciones en México, donde se suponía que el Gobierno y la oposición negociarían las condiciones para las elecciones del próximo año, no han tenido lugar durante meses.

Resaltó que cualquier alivio de las sanciones brindaría un alivio muy necesario a los venezolanos.

El pasado enero, las evidentes fracturas de las facciones opositoras y el declive de este enfoque de línea dura, terminó en la expulsión del exlegislador, Juan Guaidó, de su papel como “presidente interino», un título que reclamó como jefe de la Asamblea Nacional elegido en 2015.

Al cumplirse 8 años del Decreto Obama, el diputado Jorge Rodríguez dejó claro que no se firmará un nuevo acuerdo con la oposición hasta que todas las sanciones impuestas por EE.UU. sean levantadas, y señaló que la delegación opositora no ha cumplido con las consideraciones pautadas, derivadas de los diálogos en México.

El último acuerdo suponía la devolución de 3 mil millones de dólares retenidos por el sistema financiero internacional, que estarían destinados a la atención social, con intermediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

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