El gobierno de Kenia inició una investigación sobre las denuncias por abuso de poder por parte del ejército británico contra la población de la nación africana.
La investigación, solicitada por un grupo de parlamentarias, examinará las actividades de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (Batuk), cuyos soldados han sido acusados de asesinato, abuso sexual y daños a la tierra cerca de su base en Nanyuki, a 200 kilómetros al norte de Nairobi, capital keniana.
Por su parte, el abogado keniano Kelvin Kubai calificó la averiguación como un movimiento “significativo” y expresó que sería “la primera vez que las actividades del ejército británico se revisan de esta manera”, desde que el país se independizó del Reino Unido en 1963.
El comité de defensa parlamentario de Kenia iniciará un llamado público para que presenten peticiones sobre presuntos delitos o irregularidades por parte del ejército.
De acuerdo con medios africanos, las investigaciones comenzarán en octubre de este año y el comité pedirá a la base británica de Batuk que responda a los reclamos y presente un informe de sus hallazgos al parlamento a finales para finales de año.
Acuerdo de defensa
El informe incluirá recomendaciones que podrían tener consecuencias para un acuerdo de defensa entre Kenia y el Reino Unido, que permite que las tropas británicas entrenen en Kenia.
“Esto tendrá graves consecuencias para el acuerdo de cooperación de defensa, porque si nos damos cuenta de que ha habido mucha actividad que escupe en contra del [tratado], nos da espacio para volver a analizar el acuerdo”, declaró Nelson Koech, presidente del comité de defensa.
La investigación también contempla una amplia revisión del expediente sobre el asesinato de Agnes Wanjiru en 2012. La joven madre de 21 años fue vista por última vez con las tropas británicas en un hotel cerca del cuartel.
El cuerpo de Wanjiru fue encontrado en un tanque séptico en un albergue cercano con heridas de arma blanca. Siete años después, una investigación de 2019 en Kenia concluyó que soldados británicos fueron responsables de su asesinato, sin embargo, hasta el momento no hay acusados por el hecho.
El medio The Guardian señaló que también se examinarán las afirmaciones de que las bombas sin explotar dejadas por el ejército en terrenos accesibles al público, así como los informes de que los productos químicos peligrosos que se utilizan durante los simulacros están poniendo vidas en peligro.
