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Juicio contra Cristina Fernández aviva el fantasma del «lawfare» en Argentina

Fuser News

23/08/2022
Juicio contra Cristina Fernández aviva el fantasma del "lawfare" en Argentina
La expresidenta argentina denunció la violación del principio de defensa en el juicio por parte de la fiscalía.

Raymar Vásquez Cervantes

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, solicitó este lunes ampliar su declaración indagatoria en la audiencia prevista para este martes, luego que el fiscal federal Diego Luciani solicitara una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La expresidenta argentina denunció la violación del principio de defensa en el juicio por parte de la fiscalía, ante la ausencia de pruebas y testigos, además manifestó en Twitter que enfrenta un proceso de persecución judicial desde hace más de tres años y en el que durante la novena audiencia fueron presentadas nuevas acusaciones que no estaban incluidas inicialmente en el proceso.

Persecución judicial

El abogado Ángel Bruno, doctor en Ciencias Políticas y vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados dijo en una entrevista que contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios, “hay una persecución desde hace bastante tiempo” y remarcó que “el juicio carece de seriedad, no hay una sola prueba real, el fiscal hizo un alegato político, ha mentido y distorsionado la realidad”.

Asimismo, Bruno destacó que este juicio “trata de sacar del camino a quienes tienen chances de volver a gobernar en favor de los sectores populares” y consideró que “el lawfare está en todo su vigor» calificándolo como «similar o peor» a lo sucedido «con Lula y Correa”.

Sentenció además que existe “una persecución absoluta” y sostuvo que “la troika entre medios de comunicación hegemónicos, grupos económicos concentrados y Poder Judicial es el que manda en la Argentina”.

Igualmente, diferentes personalidades del campo cultural, los derechos humanos, periodistas y dirigentes argentinos advirtieron en un comunicado que se busca «proscribir» a Fernández, con una «causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta”.

Los intelectuales del país repudiaron también la «persecución judicial» contra la Vicepresidenta argentina y rechazaron la «utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social (…) demostrando la pretensión última de esta alianza mediática judicial que pasa no solo por la cancelación de los dirigentes populares sino de la experiencia misma que significó el kirchnerismo en este siglo, al igual que trataron de hacerlo con el peronismo en el anterior».

«Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de la compañera Cristina condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos», expresaron los firmantes.

Cronología del lawfare

En mayo de 2019 inició un proceso judicial contra Cristina Fernández y otras 12 personas acusadas de formar parte de una supuesta asociación ilícita, que desviaba fondos gubernamentales para la ejecución al menos 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz en la Patagonia argentina.

El juez federal Julián Ercolini determinó que cerca del 85% de los contratos viales de la provincia habían sido adjudicados a al empresario Lázaro Báez y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 (TOF 2) acusó a la exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

Por otra parte, el fiscal Diego Luciani, que lleva el caso contra Fernández y es cercano al expresidente Mauricio Macri, según fotografías publicadas por medios locales, argumentó que Báez obtuvo ganancias en las licitaciones, sin embargo, los testigos no cuestionaron nada contra el empresario en los tres años que lleva el proceso.

En este sentido, la falta de pruebas y testimonios indican que Báez ganó mayores licitaciones al hacer ofertas bajas, pues no debía transportar maquinarias ni personal, pues su empresa tenía carácter regional, refiere Telesur.

La Fiscalía también inculpa a Cristina Fernández por el supuesto desembolso de pagos anticipados y la evidencia fotográfica de barrios no pavimentados supuestamente durante su periodo de gobierno.

Código Penal de Argentina

Hace una semana, el diario Página 12 publicó una fotografía donde aparecen el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Jiménez Uriburu, en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Macri.

Las imágenes son evidencias de la relación más allá de lo profesional que existe entre Luciani y Macri, principal impulsor de la Causa Vialidad contra Cristina Fernández, mientras que el Código Penal de Argentina contempla que “el juez deberá inhibirse de entender en la causa” si “tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.

Aunque los implicados negaron cualquier relación entre ellos, y aseguraron no ser allegados de Macri, se conoció que el exmandatario organiza un torneo de fútbol para mayores de 42 años, al que solo se asiste por invitación personal.

Cabe destacar que Macri además de promover las acusaciones contra Fernández, instruyó a organismos estatales para presentar querellas contra la expresidenta argentina y se pronunció públicamente a favor del proceso.

Se espera que este martes la exmandataria argentina ofrezca mayor testimonio a través de sus redes personales ante la prohibición de la Fiscalía de hablar en el juicio.

“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, expresó Cristian Fernández en una de sus publicaciones.

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