El juez brasileño Luís Roberto Barroso, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), consideró que «la verdadera razón» del juicio político (o impeachment) contra la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016, fue la falta de alianzas políticas y no el delito fiscal atribuido.
«La justificación formal fue el llamado ‘pedaleo fiscal’ (violación de las reglas presupuestarias), aunque la razón real ha sido la pérdida de apoyo político», expresó el magistrado en un artículo que escribió para la revista del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, informó el portal informativo RT.
Aunque la publicación del texto está prevista para el próximo 10 de febrero, el diario Folha de São Paulo publicó un extracto del texto este miércoles.
“Falta de apoyo político”
No es la primera vez que el juez Barroso se refiere al ‘impeachment’ ejecutado contra la dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).
El año pasado, el magistrado expresó que «no debe haber duda razonable de que ella (Rousseff) no fue destituida por delitos de responsabilidad, ni por corrupción, sino que fue destituida por pérdida de apoyo político».
Además, Barroso señaló en su momento que expulsar del Gobierno a Rousseff «por corrupción después de lo que vino, lo que siguió, sería una ironía de la historia», haciendo alusión a la administración de Michel Temer, quien seguía en la línea sucesoria y condujo el Ejecutivo por la vacancia presidencial.
«Previsto en la Constitución»
Pese a estos comentarios, Barroso (nombrado ministro de la Corte por la propia Rousseff en el 2013) consideró en 2016 que lo ocurrido no era un golpe de Estado, pese a las denuncias públicas del PT.
Según el magistrado, se trataba de «un mecanismo previsto en la Constitución para la destitución de un presidente», y en ese entonces, el máximo tribunal brasileño no intervino en la determinación del Poder Legislativo, que desarrolló el juicio político.
El ‘impeachment’ contra Rousseff concluyó el 31 de agosto del 2016, luego de seis días de juicio en el Senado, la cámara alta aprobó con 61 votos contra 20 la finalización del mandato.
