Durante el 2021 la empresa Monómeros, filial de Petróleos de Venezuela, fue objeto de tres escándalos: la firma de un contrato desventajoso para la empresa, la crisis financiera que llevó a la Superintendencia de Sociedades de Colombia a dictar una medida de control máximo y la presunta contratación de empresas vinculadas con la familia de Leopoldo López.

Ante estos escenarios, los trabajadores ven su futuro incierto, mientras el “gobierno interino” de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional (AN) 2016-2021 responden con lentitud, reseñaron Maru Morales P. y Ariadna García en Crónica Uno.

En el caso de Monómeros, podría decirse que tuvo que llegar la sangre al río para que Juan Guaidó, la Comisión de Contraloría y la Comisión Delegada de la AN 2016-2021, tomaran cartas en el asunto, o al menos pretendieran que las tomaban.

Entretanto, el senador colombiano Gustavo Petro señaló recientemente desde su cuenta de Twitter el impacto del mal manejo de Monómeros, pues “ahora los abonos cuestan dos veces más a los agricultores colombianos”.

Los abonos de buena parte de la agricultura colombiana dependían de Monomeros colombo/venezolanos, la empresa se la regalo Duque a Guaidó despues de expropiarla y se la robaron.

Ahora los abonos cuestan dos veces más a los agricultores colombianos.https://t.co/qiWlf8HnjT

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2022

¿Qué ha pasado?

Pese al impacto del escándalo en la ya roída cohesión del G4, tras casi dos meses de la aprobación del informe y el acuerdo presentados a la Delegada por la comisión especial enviada a Barranquilla para investigar el caso, no se conoce la ejecución de ninguna de las acciones acordadas:

• No se ha iniciado el procedimiento parlamentario para establecer la responsabilidad política de la expresidenta de Monómeros, Carmen Elisa Hernández y del contratista Jorge Pacheco en el supuesto intento de toma hostil de la empresa.

• No se ha informado si el proceso de reforma de los estatutos de Monómeros avanza o al menos se inició.

• No se ha vuelto a tener noticias de la comisión especial que se suponía debía continuar las investigaciones.

• Tampoco se ha informado públicamente si el Consejo Político (instancia que nunca se llegó a conformar, pero que debería tener un representante de cada partido del G4) contrató una empresa internacional para seleccionar el personal de primera línea de Monómeros, contratación para la cual el Consejo Político no tendría calificación constitucional, por cierto.

• No se ha implementado la recomendación de intervención inmediata que formuló en septiembre la Comisión de Contraloría presidida por Macario González (VP).

Vínculos con Leopoldo López

El más reciente escándalo relacionado con la empresa estalló el pasado 11 de noviembre cuando se conoció que la empresa Llorente & Cuenca Colombia había sido contratada por Monómeros en septiembre de 2020 para prestar servicios de comunicaciones, bajo un contrato de 38.000 dólares.

Una de las empresas adscritas a Llorente & Cuenca Colombia es Advocacy LatAm, cuya vicepresidenta es María Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, el mentor de Guaidó, quien se defendió argumentando que, para esa fecha, su madre no estaba en pleno ejercicio de su cargo porque estaba sometida a tratamientos médicos, mientras que Llorente & Cuenca emitió un comunicado en el que dijo que Mendoza no estuvo relacionada con ese contrato.

Este hecho llevó a la Comisión Delegada y al gobierno interino a actuar ante los presuntos malos manejos del gerente general Guillermo Rodríguez Laprea y el supuesto complot de la expresidenta Carmen Elisa Hernández para quebrar a Monómeros, situaciones que trascendieron los galpones de Monómeros cuando la Superintendencia de Sociedades de Colombia dictó en agosto una resolución de control máximo sobre la empresa.

Violación de estatutos

Entre abril y junio de este año, el Sindicato de Trabajadores de Monómeros denunció que la gerencia de Rodríguez Laprea había firmado un contrato de 15 años con una empresa panameña sin trayectoria, violando sus propios estatutos y cediendo 60 % de sus operaciones y ganancias a LionStreet Corp S.A. En medio del ruido mediático en Colombia, Monómeros rescindió el contrato.

En septiembre, durante las comparecencias del exgerente Gustavo Sol y del propio Rodríguez Laprea ante la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021, se supo que en 2020 este último representó a una empresa, Insumos del Pacífico, con la que intentó que Monómeros firmara un contrato parecido al que él mismo le dio a LionStreet meses después ya como gerente general.

El escándalo más viejo de todos, que de haber sido atendido oportunamente habría evitado todos los demás, se desató en noviembre de 2019 cuando el mismísimo “embajador” de Guaidó en Colombia, el experto petrolero y diplomático Humberto Calderón Berti, denunció que los partidos políticos del G4 tenían una indebida injerencia en las decisiones empresariales de Monómeros.

En ese momento, Guaidó destituyó a Calderón, los partidos se hicieron los desentendidos y las gerencias posteriores nombradas por la plenaria de la AN primero y por la Comisión Delegada después, siguieron respondiendo en mayor o menor medida a los partidos del G4.

Las consecuencias de la injerencia partidista en las operaciones de la empresa afloraron este año, y en julio de 2021 la Superintendencia de Sociedades de Colombia había iniciado un proceso denominado “toma de información en el domicilio social” para determinar si la empresa llevaba su contabilidad regular, si se habían convocado las reuniones de accionistas, si el revisor fiscal cumplía adecuadamente sus funciones y si se estaban cumpliendo los compromisos con los acreedores, entre otros puntos.

Monómeros incumple pagos

Supersociedades estableció que Monómeros atravesaba por problemas de liquidez que le impedirían operar normalmente, flujo de caja con proyección negativa, riesgo de incumplimiento de pago a los acreedores, incumplimiento de normas de transparencia para evitar blanqueo de capitales, renuncia de trabajadores por acoso y falta de acceso a créditos bancarios, esto último como consecuencia en parte, de las sanciones estadounidenses a pesar de que la empresa cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, desde 2019, que le permite operar.

Además, la institución reveló que, para el mes de mayo de 2021, la deuda de Monómeros con sus proveedores en el exterior ascendía a $ 129.649.177.602.

En el comunicado publicado el 6 de septiembre, la institución anunció su decisión de llevar a Monómeros a máximo control para “ordenar los correctivos necesarios y subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo”.

Y es que según la revisión de Supersociedades, Monómeros también incumplió algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft).

Grandes irregularidades

Otra de las irregularidades detectadas fue que la totalidad de las actas de la Junta Directiva de 2021, carecía de las firmas de quienes actuaron en cada una como presidente y secretario. “Solo después de la inspección de la Superintendencia fue que Monómeros procedió a legalizar la totalidad de las actas”, afirma la institución.

Desde 2017 la compañía ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento producto de las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) sobre PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro, situación que no ha sido solventada, aún con la licencia de la OFAC en la mano, pues ese instrumento exime a Monómeros de algunas sanciones y está vigente hasta junio de 2022.