La justicia de Bolivia autorizó este miércoles procesar de manera ordinaria, sin privilegios, a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por las muertes generadas durante su régimen producto de la fuerte represión policial y militar.
El ministro de Justicia, Iván Lima, comunicó que “el juez Israel Claros autoriza el inicio de una investigación penal contra la exsenadora Jeanine Áñez por la Masacre de Huayllani, por los delitos de genocidio y asesinato en la vía ordinaria. El derecho a la verdad es fundamental para las víctimas».
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El magistrado llamó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba a respetar los plazos en el caso que lleva más de tres años y tres meses, ya que “una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales».
El juez Claros aceptó ampliar la investigación contra Áñez por los presuntos delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa por los hechos de violencia y muerte reportados el 15 de noviembre de 2019.
En esa fecha, manifestantes que marchaban en contra del gobierno interino hacia Cochabamba fueron reprimidos violentamente por militares y policías, con saldo de 10 muertos y 36 heridos.
La defensa legal de la exmandataria de facto alega que a la imputada le corresponde un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al considerarla extitular del Ejecutivo.
Añez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política en la que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) fue presionado a renunciar al cargo y refugiarse en México.
En junio de 2022, el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz condenó a Áñez a 10 años de prisión por su responsabilidad en el llamado golpe de Estado II en 2019, específicamente por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado durante su proclamación en noviembre de ese año.
