El Gobierno de Japón está implementando una nueva estrategia para garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos afectados por el Covid-19, y que permanecen en cuarentena restrictiva.
La medida comprende la distribución de paquetes alimentarios hasta la puerta de sus casas. Países como Nueva Zelanda, El Salvador y Venezuela estipulan estrategias similares para beneficiar a su población.
En este momento, Japón se encuentra viviendo una etapa crítica en el avance de la enfermedad. Esta semana aplicó nuevas restricciones para frenar el fuerte incremento de los casos de coronavirus en tres prefecturas, Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima, en el suroeste del país, refieren medios regionales.
«El gobierno ha decidido declarar la alerta epidémica ante la necesidad de tomar medidas lo antes posible», explicó el primer ministro Fumio Kishida, quien reconoció que la pandemia se está expandiendo por todo el país y abogó por adoptar medidas «ante la rápida propagación de Ómicron».
The Japanese government sends free care packages to people who are quarantining from Covid. This is the package for one person. New Zealand does something similar. pic.twitter.com/TqAZwYTixH
— StrictlyChristo (@StrictlyChristo) January 9, 2022
Políticas necesarias en el mundo
La pandemia del coronavirus dejó expuestas las deficiencias de muchos Gobiernos del mundo en cuanto a la protección social que brindan a sus ciudadanos, incluyendo aquellos catalogados como “de primer mundo”, en Estados Unidos (EE.UU.), por ejemplo, muchas personas se contagiaron y fallecieron porque no podían permanecer en sus casas para cumplir la cuarentena recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que debían trabajar para comer y pagar donde vivían.
Por el contrario, en El Salvador, el Gobierno entregó paquetes alimentarios como parte del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) a la población en general, como una medida para brindar ayuda económica a todas las familias en todo el territorio nacional.
Por su parte Venezuela, que ha sido víctima de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en pandemia, ha logrado dar continuidad a su plan de alimentación a pesar de los ataques constantes de estrangulamiento económico.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), puestos en marcha en 2016 ante el bloqueo impuesto por países occidentales, tiene un alcance de más 6 millones de familias venezolanas.
Este plan de protección social, atacado y criminalizado en épocas pasadas por otros países permitió aminorar el impacto de la crisis del Covid-19 en la alimentación, y ofreció otra perspectiva sobre la necesidad de implementar estrategias para garantizar este derecho fundamental.
