El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, exhortó al gobierno de Argentina a liberar el avión perteneciente a la empresa Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, retenido desde el pasado 6 de junio en Buenos Aires, bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.).
De acuerdo con la información publicada en algunos sitios web de noticias internacionales el representante de la nación persa recordó a la administración argentina que “los ciudadanos iraníes no han cometido ningún delito y el Gobierno argentino debe mostrar su buena voluntad en liberarlos”.
En ese sentido, confirmó la existencia de negociaciones políticas entre la embajada persa y las autoridades argentinas, sin embargo, el portavoz aseguró que “todavía no ha habido un desarrollo aceptable”, al tiempo que reiteró que “la República Islámica de Irán no dejará de ejercer los derechos consulares de sus ciudadanos y reclamar su liberación”.
Este es el segundo llamado que la nación persa hace a Argentina con respecto a esta controversia, pues el pasado 20 de julio a través de un comunicado oficial exigió a “que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní».
En la misma fecha manifestó «la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos».
Nada irregular
El avión Jumbo de Emtrasur de Venezuela ingresó a Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, tras serle revocado el acceso a Uruguay, encontrándose con que el juez federal, Federico Villena, había ordenado su retención; razón por la que un aproximado de 60 efectivos de la Policía Aeroportuaria procedieron a revisar la aeronave, sin encontrar nada irregular.
Las autoridades confiscaron los documentos viajeros de la tripulación, compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes; así como de sus teléfonos móviles y tablets, quedando retenidos desde entonces.
En tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a la administración argentina la autorización para incautar el avión, alegando que el mismo es de fabricación estadounidense y está sujeto al decomiso según sus leyes de control de exportaciones.
En respuesta a esta solicitud el pasado 11 de agosto el Gobierno argentino aceptó dicha petición quedando la aeronave a la orden de las administraciones de EE.UU. y Argentina.
