Durante la mayor parte de las últimas tres décadas, la República de Cabo Verde se ha dedicado a adherirse a cualquier organización internacional que la aceptara como miembro y a firmar cualquier tratado multilateral para demostrar la seriedad con la que se toma el Estado de Derecho y las obligaciones que conlleva la pertenencia a dichos organismos y tratados. Está claro que el principal objetivo de este ejercicio de marca global, llevado a cabo por la élite política, era demostrar que el archipiélago de diez islas «no es africano» y por qué él, y no «los africanos», debería ser considerado favorablemente como beneficiario de los flujos de inversión europeos.
Aunque a veces la creación de la marca Cabo Verde se ha asemejado a los esfuerzos de aquellos que intentan rehabilitar su imagen pública ganándose el favor de la organización benéfica favorita de un miembro de la realeza británica, o estableciendo fundaciones con objetivos dudosos, el ejercicio ha conseguido sin duda convencer a países como Luxemburgo (uno de los mayores y más persistentes inversores en Cabo Verde) para que abra su cartera.
Sin Estado de Derecho no hay seguridad para los inversores
Lo que Cabo Verde ha olvidado en el último año es que el Estado de Derecho implica la preeminencia de la ley sobre el poder político en un Estado. No es suficiente con decir de boquilla en los medios de comunicación, entre copas de grogue local, que Cabo Verde es un Estado democrático creíble y respetado que cumple con el Estado de Derecho y esperar que esto sea cierto. El Estado de Derecho es una construcción frágil y compleja que requiere una vigilancia diaria.
El Estado de Derecho es un instrumento de lucha de los oprimidos contra el poder arbitrario. Por ello, el Estado de Derecho exige el respeto de los derechos humanos, los valores de la justicia, las normas internacionales y los valores que vinculan a las naciones civilizadas. El Estado de Derecho es un instrumento de lucha de los oprimidos contra el poder arbitrario. Por ello, el Estado de Derecho exige el respeto de los derechos humanos, los valores de la justicia, las normas internacionales y los valores que unen a las naciones civilizadas.
El primer ministro Ulisses Correia y el presidente saliente Jorge Fonseca, al permitir que la detención ilegal del diplomático venezolano Alex Saab se prolongue durante más de un año, han participado involuntariamente en el despojo de la fina capa de credibilidad al capitular abiertamente ante la agenda política de Estados Unidos. Para ser justos, no sólo el poder ejecutivo es culpable de mutilar la fachada de Cabo Verde, sino que hay muchos miembros de las fuerzas del orden y del poder judicial que han sucumbido activamente al patrocinio que supone recibir el falso amor hegemónico del Washington imperial.
Cabo Verde deberá recuperar su reputación para los inversores
A pesar de las recientes declaraciones del presidente Fonseca, el caso Alex Saab en Cabo Verde no es una tormenta pasajera, sino un súper huracán único en la vida que dejará un sello indeleble en la reputación del país. El ojo de este superhuracán tocó tierra el 7 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre el recurso de Alex Saab contra las irregularidades cometidas en los tribunales inferiores durante su lucha contra la extradición a Estados Unidos.
En un comunicado, Alex Saab calificó la sentencia de «mal redactada, mal argumentada y jurídicamente incoherente», y Femi Falana, abogado principal de Saab en la Cedeao, dijo que equivalía a un «suicidio constitucional«. El distinguido abogado nigeriano continuó diciendo: «La consecuencia de esta sentencia es validar la detención puramente arbitraria de un diplomático extranjero. Los detalles de la sentencia dejarán boquiabierto a cualquier jurista razonable al ver… el principio de la inmunidad diplomática… aniquilado por quienes evidentemente sirven a un propósito político».
Al tomar su decisión, el Tribunal Constitucional ha sido cómplice de las violaciones por parte del Poder Ejecutivo del Tratado Revisado de la CEDEAO, de todos los tratados y protocolos relativos al establecimiento y funcionamiento del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Estado de la Especialidad, de las variaciones de Estados Unidos a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional y Organizada y de numerosas violaciones del Derecho de Cabo Verde.
Es evidente la omisión del Estado de Derecho en Cabo Verde
Todo con tal de dar a Estados Unidos la custodia de un hombre que es reconocido como diplomático por China, Irán y Rusia. Un diplomático que tiene derecho a la inmunidad y a la inviolabilidad y, en cualquier caso, los tribunales estadounidenses todavía tienen que determinar si Estados Unidos tiene siquiera jurisdicción sobre él, ya que Saab ha lanzado una impugnación de la acusación en la que se basa la solicitud de extradición, basada en su condición de diplomático.
Para Cabo Verde parece que cualquier obligación del tratado, así como cualquier aspecto del derecho consuetudinario, puede ser ignorado o retorcido cuando se trata de satisfacer los deseos de Estados Unidos.
Pero, ¿qué pasa si eres un inversor ordinario o no eres una nación con la influencia que tiene Estados Unidos sobre Cabo Verde?
¿Y si se trata de un país que se opone política o económicamente a Estados Unidos? ¿Y si un inversor encuentra que sus intereses chocan con los de Estados Unidos? ¿Garantizará Cabo Verde un trato justo y equitativo a todos en estos casos? ¿En qué garantías pueden confiar los inversores cuando está claro que Cabo Verde no respetará el Estado de Derecho si eso significa molestar a su nuevo amo colonial?
Cuando la élite de Cabo Verde se propone deliberada y voluntariamente demoler el respeto de su país por el Estado de Derecho, ¿qué puede ofrecer entonces para tentar al capital internacional? Es el pueblo de Cabo Verde el que sufrirá las consecuencias de la respuesta. Este es el resultado de las maniobras y la connivencia de la élite ejecutiva y judicial en el poder, claramente supeditada a intereses distintos de los del bien común.
Todavía es demasiado pronto para saber si la muerte del Estado de Derecho en Cabo Verde es el resultado de la incompetencia, el abuso o la manipulación. Pero una cosa es cierta: Cabo Verde ha perdido el derecho a reclamar su estatus de Estado de Derecho y, con ello, la capacidad de reclamar la atención de los inversores internacionales que necesita desesperadamente tras la pandemia del COVID.
