Redacción Fuser News con información de Telesur
Ante la militarización de cuatro provincias de dos regiones sureñas de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y varios alcaldes del país, rechazaron este miércoles el decreto de estado de emergencia emitido por el presidente Sebastián Piñera, señalando que el diálogo es el único camino para hacer frente a la crisis que vive la región.
En una declaración publicada en su sitio web, la Dirección del INDH calificó como «fracaso» que se deba involucrar a las fuerzas armadas para contener los incidentes de violencia ocurridos en Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.
El Organismo también refiere que “es un fracaso del Estado y de la sociedad, en su conjunto, que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables”, dice el texto reseñado en el portal Web de Telesur.
El organismo enfatizó que el diálogo es la única vía posible “para enfrentar la grave crisis que se vive en la Macro Zona Sur”.
Valoró que la Convención Constitucional, a cargo de la redacción de una nueva Carta Magna, “tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile”.
Sectores sociales y líderes políticos han criticado la militarización de la región. Entre estos últimos se encuentran los gobernadores regionales de La Araucanía, Luciano Rivas (oficialismo) y del Biobío, Rodrigo Díaz (oposición).
Díaz se reunió este miércoles con los alcaldes de las comunas de Lebu, Cañete, Los Ángeles y Alto Bío Bío, ubicadas en la Macrozona Sur, para analizar el Estado de Emergencia.
El alcalde de Cañete, Jorge Radonich, instó a que se privilegie el diálogo sobre las demostraciones de fuerza, posición que fue suscrita por el edil de Lebu, Cristián Peña.
Radonich valoró que la medida, lejos de pacificar, puede generar situaciones mucho más delicadas y complejas, así como un incremento de las víctimas.
Por su parte, el alcalde de Alto Bío Bío, Nibaldo Piñaleo, consideró que el decreto no ofrece solución a las demandas de las comunidades, aquejadas por una inequidad histórica, y no fue comunicado previamente.
