Un tribunal de Bolivia estima ordenar este miércoles el inicio del primer juicio ordinario contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020) por delitos del golpe de Estado en noviembre de 2019, por los cuales podría recibir una condena de hasta diez años de prisión, según el abogado de la acusación, Marcelo Valdez.
El abogado representante de la exdiputada socialista Lidia Patty, principal acusadora, no precisó la fecha para el juicio oral, sin embargo, el viceministro de Justicia, Jaime Siles, anticipó que las audiencias se realizarían en el primer trimestre de este año, ya que luego de dictado su inicio deben transcurrir no más de 45 días.
Desde marzo de 2021, Áñez, exgobernante de facto, se encuentra en detención preventiva y a la espera del juicio por los delitos cometidos contra el pueblo boliviano.
Valdez señaló que en el primer juicio serán procesados Áñez y excomandantes militares y policiales, todos en condición de exfuncionarios que según la acusación violaron la Constitución al consumar el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
Áñez deberá argumentar durante el proceso por qué se autoproclamó presidenta del Senado, lo cual viola el reglamento de esa cámara, para posteriormente autoproclamarse «presidenta transitoria» del país en el hemiciclo legislativo sin participación de la cantidad de parlamentarios requeridos para habilitar una sesión, agregó Valdez.
La exgobernante de facto expresó en la fase de investigación del proceso que ella no debería ser juzgada por vía ordinaria, sino mediante un juicio de responsabilidades, “como exmandataria”, refiere Telesur.
Sin embargo, Valdez manifestó que «esta situación ha sido negada; hemos planteado que ella nunca ha sido legalmente posesionada como presidenta, además de que el Tribunal Constitucional ha establecido que ella nunca pudo haber sido presidenta constitucional».
El 30 de noviembre, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado II, la comisión de fiscales de la ciudad de La Paz, en Bolivia, presentó la acusación formal en contra de la exgobernate de facto, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
