El primer ministro de Haití, Ariel Henry, fue autorizado este viernes por el Consejo de Ministros para solicitar oficialmente la intervención de fuerza militar extranjera con el propósito de enfrentar los grupos de pandillas que han incrementado la crisis humanitaria en la nación caribeña.
De acuerdo con el actual Gobierno haitiano, las pandillas han promovido la crisis económica, social y política de la nación, luego del magnicidio en julio del 2021 del presidente Jovenel Moïse.
Por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de Haití, Le Moniteur, el Consejo aprobó que Henry solicitara de la presencia en el país de una fuerza armada especializada para frenar la crisis humanitaria provocada, entre otros motivos, por la inseguridad derivada de las acciones de los pandilleros.
La resolución contempla además la intervención militar ante el riesgo de una crisis humanitaria de grandes proporciones, luego de la reaparición del cólera que ya produjo al menos siete muertos y amenaza a millones de niños haitianos, según investigaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus cifras en inglés).
Asimismo, el decreto indica que la presencia militar extranjera ayudaría a reanudar la distribución de combustible y agua potable en todo el país, así como la reactivación de hospitales, además de reiniciar las actividades económicas y escolares en el país, resaltó Telesur.
Rechazo a intervención extranjera
La resolución sobre la intervención militar generó fuertes críticas por parte de organizaciones sociales y políticas por considerar que está en juego la soberanía haitiana.
Por su parte, el exsenador y líder del partido Pitit Dessalines, Moïse Jean Charles, señaló que el primer ministro Ariel Henry no cuenta con la autoridad ni legitimidad para solicitar la presencia militar extranjera.
https://twitter.com/SenateurMoise/status/1578558757516480512
Entre el 2004 y el 2017 hubo presencia de las Naciones Unidas en Haití luego del golpe de Estado contra el entonces presidente Jean Bertrand Aristide, que generó rechazo por parte de los movimientos y organizaciones sociales por no cumplir con los objetivos de paz en el territorio, destacando las múltiples denuncias de violaciones y propagación del cólera.
