El Gobierno de Venezuela rechazó este sábado, a través de un comunicado de la Cancillería, la aprobación por el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) de una propuesta de ley que, “tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano”.
El Senado estadounidense, la cámara alta del Congreso, aprobó el viernes por unanimidad el proyecto de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (BOLIVAR Act, por sus siglas en inglés), propuesta por el Senador Rick Scott.
A juicio de la administración del presidente Nicolás Maduro, el instrumento aprobado, “contrario al derecho internacional y concebido desde los sectores extremistas de la política en EE.UU.”, vulnera la integridad del pueblo venezolano así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegal, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno del país suramericano.
El comunicado denuncia que esta medida abusiva intenta dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países, y pretenden además hacer irreversible las medidas coercitivas unilaterales impuestas en perjuicio del pueblo.
“Se confirma que esos mismos sectores no tienen ningún interés en ver en Venezuela un proceso de desarrollo, una mejoría en la calidad de vida de nuestra población y mucho menos que se garanticen elecciones libres y justas, al promover más obstáculos y medidas hostiles en contra del país”, enfatiza el Ejecutivo en el documento, el cual puntualiza que el nombre de la ley ofende al Libertador Simón Bolívar.
La propuesta de legislación aprobada por Parlamento de EE.UU. prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoye a la administración de Nicolás Maduro.
Este proyecto jurídico se introdujo en marzo de 2021. Su «aprobación» por el Senado es apenas la segunda de cinco instancias para convertirse en ley, que de llegar a concretarse, además de violar las libertades económicas de un país soberano como Venezuela, viola también la libertad de negociación de grandes empresas estadounidenses.
La aprobación del instrumento, que tacha el gobierno de Maduro de ilegítimo, ocurre el mismo día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), reconoció por cuarta vez consecutiva las credenciales de mandatario chavista como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela en el organismo multilateral, que agrupa a 193 Estados miembros.
