El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, informó del despliegue de un Plan Antimafias que ayudará a combatir el contrabando de combustible destinado a las estaciones de servicio.
El Aissami confirmó que este lunes fue desmantelada precisamente una de estas mafias de contrabando de gasolina en el estado Táchira.
“En coordinación con los organismos de seguridad del estado Táchira, el Ministerio Público y Pdvsa, fueron detenidos 3 ciudadanos venezolanos, uno de ellos trabajador de la Empresa Nacional de Transporte, Gerson Contreras Acuña”, escribió en su cuenta de Twitter.
Explicó que el acusado, era conductor de una de las cisternas y desviaba el combustible a galeones ubicados en localidades fronterizas con Colombia para luego, en complicidad con autoridades del Gobierno colombiano, pasarlo hacia ese país.
Detalló que en el depósito ilegal se encontraron 100 mil litros de gasolina en unos tanques improvisados por la mafia, así como equipos utilizados para el trasegado, mangueras y motobombas.
“A propósito de las 3R, resistencia, renacer y revolucionar; el Gobierno Bolivariano no cesará en combatir estas desviaciones que atentan contra los servicios destinados para la satisfacción de nuestro pueblo. Vamos con fuerza, a denunciar estas mafias”, reiteró.
1/5 Hemos desplegado un #PlanAntimafias para combatir la distorsión en la distribución del combustible destinado a las estaciones de servicio. En consecuencia, ayer hemos desmantelado una de las mafias del contrabando de gasolina
— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) January 18, 2022
Gasolina subsidiada e internacional
En Venezuela existen dos esquemas para la venta de gasolina, el primero es el subsidiado por el Estado venezolano, el cual tiene un precio después de la reconversión monetaria del 1 de octubre de 0,1 bolívares (0,02 dólares) por litro, uno de los más bajos del continente.
El segundo es el internacional fijado a 0,5$ por litro, la cual es gestionada por empresarios privados que importan combustibles debido a la caída de la producción que se suscitó en el país tras las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la estatal petrolera PDVSA que le impide hasta la adquisición de insumos para el procesamiento de combustibles.
