Hasta el 6 de mayo, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) mantendrá de manera parcial los corredores aéreos que permiten la salida voluntaria de mineros ilegales de tierra indígena Yanomami, en el Amazonas, mientras que también activaron embarcaciones para agilizar la retirada.
El pasado 20 de enero, el presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva decretó el estado de emergencia por la crisis sanitaria y de seguridad que sufren los indígenas Yanomamis a causa de los buscadores de oro ilegales, mientras ordenó cerrar el espacio aéreo en la región para combatir la minería.
Pese a la medida presidencial, los vuelos se liberaron después para garantizar una salida ordenada de los mineros, cuyo plazo debía terminar este lunes. Desde la semana pasada, miles de personas intentan abandonar la región ante el temor de ser detenidos.
El Ejecutivo autorizó, este fin de semana, la entrada en tierra indígena de embarcaciones para que los mineros puedan marcharse. La decisión se tomó después de que se descubriese una mina ilegal a menos de 15 kilómetros de donde vive un grupo de indígenas aislados.
Cerca de 20.000 mineros operan ilegalmente en esta reserva amazónica del tamaño de Portugal. La presencia del ‘garimpo’, que se fortaleció durante el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, provocó una profunda crisis sanitaria entre los casi 30.000 indígenas, ya que para sus actividades extractivas usan mercurio que contamina ríos y propaga enfermedades, que muchas veces terminan siendo letales para los nativos.
Salida pacífica
La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, dijo que «es el momento de permitir esta salida para que sea pacífica, tranquila, sin agresiones y de manera que podamos dejar el territorio libre de una vez por todas, devolver la dignidad al pueblo Yanomami y preservar la vida de los pueblos aislados».
La tierra indígena Yanomami, la mayor reserva nativa de Brasil, está distribuida entre el estado Amazonas y Roraima. Allí viven unos 29.000 pobladores originarios en aproximadamente 350 comunidades Yanomami, Ye’kwana y varios grupos aislados.
La Policía Federal y la Fuerza Nacional destruyeron avionetas, helicópteros, excavadoras y varias estructuras de apoyo logístico para los mineros, entre otras cosas, durante las operaciones que se llevan a cabo
La semana pasada, el ministro de Justicia, Flavio Dino, indicó que esperaba que el 80% de los mineros ilegales se hubieran ido la primera semana de febrero. Mientras que el presidente Lula se comprometió a eliminar la minería ilegal tras señalar que estaba “conmocionado” por la mala salud de los Yanomami.
El Gobierno de Brasil destituyó a más de 50 funcionarios públicos involucrados en violaciones de los derechos de las comunidades indígenas durante la predecesora administración del expresidente Bolsonaro.
