El Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Derechos Humanos (DD.HH.) y Ciudadanía (MDHC), envió el domingo una delegación a Boa Vista para investigar la violación de los derechos de la población indígena Yanomami y, a partir del diagnóstico en el sitio, elaborar un plan para fortalecer la red de protección integral.
La misión partió de la capital Brasilia y está integrada por la secretaria ejecutiva del MDHC, Rita Oliveira; el secretario nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Ariel de Castro Alves; la secretaria nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Isadora Brandão y el ombudsman nacional de los Derechos Humanos, Bruno Renato.
El MDHC busca organizaciones de la sociedad civil que recauden donaciones de alimentos y suministros de salud al territorio Yanomami.
En un primer momento, la delegación se reunirá con fiscales y defensores públicos, líderes y movimientos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, como Ibama y Funai.
Según la cartera de derechos humanos, el objetivo de las reuniones es identificar otros líderes amenazados, elaborar un plan para fortalecer la red local de protección y mapear los equipamientos públicos y las condiciones locales.
Al respecto, el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, enfatizó que «la situación del pueblo yanomami solo se resolverá con políticas públicas que tengan un carácter duradero o en la perfecta síntesis del presidente Lula con la presencia efectiva del Estado”.
Detalló que «enviamos a la comitiva a recolectar la información necesaria para una acción asertiva. A partir de entonces, se preparará un informe para la actuación del ministerio y para determinar las responsabilidades por lo ocurrido».
Genocidio en Roraima
Tras visitar el estado de Roraima recientemente, donde reside esta población originaria, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicó en su cuenta de Twitter que “más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”.
El Gobierno de Brasil destituyó a más de 50 funcionarios públicos involucrados en violaciones de los derechos de las comunidades indígenas durante la predecesora administración del expresidente Jair Bolsonaro.
El secretario de Salud Indígena del ministerio de Salud de Brasil, Ricardo Weibe Tapeba, afirmó que el panorama en la zona es alarmante y que la crisis sanitaria es generada por las invasiones del territorio ancestral del grupo étnico por parte de miles de garimpeiros, buscadores ilegales de oro y minerales preciosos que contaminan el agua de los ríos con mercurio, además de grupos armados del crimen organizado.
Unos 30.000 yanomamis viven en el mayor territorio indígena de Brasil, donde la grave desnutrición y las enfermedades, sobre todo la malaria, están diezmando su población en la selva amazónica.
