El Ministerio Público de Bolivia presentó la acusación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio durante la masacre de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó la medida con la que se busca justicia para las 20 personas asesinadas durante el hecho que además dejó múltiples heridos.
Lanchipa precisó en rueda de prensa, que está solicitud se basa en que hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Además de Añez, también se acusa al exministro de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. En la lista también están altos mandos militares y policiales durante la gestión de la expresidenta.
Cabe recordar que Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante los acontecimientos de 2019, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
«Creo importante que este juicio ordinario por genocidio y por las muertes en Sacaba y Senkata podría dar lugar a que en Bolivia finalmente se pueda alcanzar justicia», comentó el politólogo Hugo Siles, quien considera que el proceso tiene una importancia fundamental para poder pasar página en el país.
La masacre
El 15 de noviembre de 2019, tres días después que Áñez tomara la Presidencia de Bolivia, hubo una represión y masacre por parte de policías y militares en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de facto.
Un comunicado de la Fiscalía indica que «el comandante departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino».
sin embargo, el comandante ordenó «al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil».
Cuatro días después, ocurrió una nueva masacre, esta vez en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar contra manifestantes acabó con la vida de 10 personas.
