El Gobierno de Filipinas anunció este martes que se desvincula de cualquier contacto con la Corte Penal Internacional (CPI), una semana después de que el tribunal rechazara la petición del país de suspender su investigación sobre la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).
«Esto pone fin a nuestra relación con la CPI. En este momento, nos estamos desvinculando de cualquier contacto o comunicación», declaró el presidente filipino, Ferdinand Ferdinand Marcos y Romuáldez a la agencia oficial de noticias del Gobierno.
Señaló que la apelación fracasó y «no hay, en nuestra opinión, nada más que podamos hacer», destacando que existen «serias dudas» sobre la jurisdicción de la CPI, cuyas acciones califica de «interferencia» y «prácticamente un ataque a la soberanía”.
Estatuto de Roma
Rodrigo Duterte ordenó en marzo de 2018, la salida de Filipinas del Estatuto de Roma, instrumento mediante el cual se constituye la CPI. Manila cortó formalmente sus lazos con el tribunal el 17 de marzo de 2019.
En septiembre de 2021, la CPI inició una investigación formal sobre la guerra contra el narcotráfico lanzada por Duterte, pero la suspendió dos meses después de que el Gobierno filipino prometiera examinar el caso por su cuenta.
En 2020, Duterte se mostró dispuesto a afrontar cargos penales y asumir la responsabilidad de miles de muertes, pero rechazó en aquel momento que se trátese de crímenes de lesa humanidad.
El tribunal argumenta que incluso si un Estado se retira del estatuto, la CPI puede investigar crímenes que se cometieron cuando el país aún era miembro. En junio de 2022, el fiscal de la CPI solicitó reabrir la pesquisa al no estar «satisfecho» con la investigación de Filipinas.
A su salida, Duterte dejó más de 7.700 muertos, aunque el exmandatario insiste en que no ordenó asesinar a presuntos consumidores de estupefacientes, salvo en los casos en que la Policía actuó en defensa propia.
«Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas», manifestó Duterte en octubre de 2020.
Según varias organizaciones internacionales, la cifra podría ir más allá de 30.000 víctimas, la mayoría gente sin recursos que era acusada de traficar con drogas y morían acribillados en supuestas operaciones policiales.
